Los hechos habrían ocurrido entre octubre de 2008 y febrero de 2009, cuando Dussán García al parecer tramitó y celebró ocho contratos de obra pública (No. 010, 011,012,31,32,33,47 y 48 de febrero de 2009) por un valor de 1.258.921.260 sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales de los mismos, destinados a la construcción de 206 baterías sanitarias en zona rural de Neiva.
Tamayo Polanía, en sus funciones como asesor jurídico externo, tenía la obligación de que los procesos de contratación se ajustaran a las normas vigentes, lo cual presuntamente no cumplió, validando las irregularidades presentadas en los estudios y documentos para dichos contratos.
Añade el expediente del ente acusador, que el exasesor, omitió el procedimiento de licitación pública llevando a cabo dos procesos menos rigurosos: el No. 050 y 057 de 2008 de selección abreviada de menor cuantía, basándose en estudios previos incompletos, presupuestos de obras parciales sin estudios de conveniencia del objeto a contratar y con fundamento en un mismo rubro presupuestal soportado en un solo proyecto.
Según el Fiscal que lleva el caso, presume que el exfuncionario con base en el material probatorio recaudado, habría celebrado los contratos con el propósito de favorecer a los contratistas en hechos de corrupción ocurridos en la otrora administración de Héctor Aníbal Ramírez.
