Exfuncionaria se apropiaría de recursos públicos en Popayán

Marly Flor fue sancionada por la Procuraduría por adueñarse de alrededor de 70 millones de pesos de la nómina de la Secretaría de Educación .
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Bajo la idea de disminuir los actos de corrupción en la capital caucana, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución por 10 años Marly Johana Flor Cantero quien, al parecer, se apropió de recursos de la nómina de la Secretaría de Educación de Popayán.

En fallo de primera instancia la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por el término de 10 años a la profesional universitaria encargada de la Secretaría de Educación de Popayán, Cauca, Marly Johana Flor Cantero (2017 – 2019), por la apropiación indebida de recursos públicos del Sistema General de Participaciones, SGP, cercanos a los 70 millones de pesos.

La Provincial de Juzgamiento de Cali sostuvo que la entonces servidora, con funciones en el área de nómina, habría transferido dinero a una cuenta personal durante las vigencias 2017, 2018 y 2019, lo que fue señalado por el Ministerio de Educación Nacional en 2019, y previamente había reflejado un informe de auditoría de la entidad a la que estaba adscrita.

Flor Cantero confesó su comportamiento al Ministerio Público de manera libre y voluntaria, por lo que se materializó un peculado por apropiación en razón del cargo desempeñado, con lo que infringió los deberes propios del rol que desempeña y el adecuado cuidado del patrimonio. El Ente de control resaltó que con su actuación la profesional universitaria vulneró el principio de moralidad administrativa, por lo que calificó de forma definitiva la falta en que incurrió la disciplinable como gravísima cometida a título de dolo.

La comunidad aseguró que es de suma importancia que se adelanten todas las investigaciones pertinentes para dar con las personas implicadas en actos de corrupción en especial que afecten los recursos públicos. Adicionalmente sugieren que las personas que estén implicadas en estos actos deberían no solo sancionadas con inhabilidades, sino también con condenas en prisión y sanciones económicas hasta que devuelvan el dinero que adeuden esto sumado a una indemnización por los daños causados.

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