La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra Edith Aponte Lizarazo, expresidenta del Concejo de Susacón, por presuntamente beneficiarse con fondos públicos mientras ocupaba su cargo. Según la investigación, la exfuncionaria habría aprobado recursos que favorecían directamente sus intereses.
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Investigación
El Ministerio Público señala que Aponte Lizarazo participó en debates y aprobaciones de proyectos presupuestarios sin declararse impedida, a pesar de que estos le otorgaban beneficios económicos. Entre ellos, destaca la creación de un fondo de $197 millones de pesos para el pago de sentencias y conciliaciones. De este monto, el 40 % se destinó a casos en los que ella misma era beneficiaria.
Esta actuación podría constituir un abuso de poder y un grave conflicto de intereses. A pesar de las normas que exigen que los funcionarios se aparten de decisiones que los favorecen, Aponte Lizarazo siguió involucrada en las discusiones y aprobaciones.
Gravedad
El Procurador Provincial de Sogamoso, Juan Carlos Hernández, calificó la falta como gravísima a título de dolo, es decir, con plena intención de favorecerse. Advirtió que este tipo de conductas afectan la confianza en las instituciones públicas y deben sancionarse con firmeza.
Si se comprueba su responsabilidad, la exconcejal podría enfrentar una inhabilitación para ocupar cargos públicos y otras sanciones disciplinarias por la presunta corrupción con los fondos públicos.
Reacción
Este caso ha generado indignación en la comunidad, que exige medidas drásticas para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir. Muchos ciudadanos ven este hecho como un reflejo de la falta de transparencia en la gestión pública.
Ahora, Aponte Lizarazo deberá responder ante la Procuraduría y la justicia. Su caso se suma a otros que han expuesto cómo algunos funcionarios manejan los recursos en beneficio propio, en lugar de velar por el bienestar de la ciudadanía.
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