En un documento dirigido al jefe del Estado, el Consejo Indígena del Cauca advierte sobre los problemas de un contrato por más de 45.000 millones de pesos. Aunque el convenio es para atender comunidades indígenas de ese departamento, se le entregó a un sistema de universidades del Eje Cafetero. La organización pide “suspensión inmediata”.
Cada día, al despacho del presidente Petro llegan decenas de cartas de todo tipo: ciudadanos preocupados, denuncias anónimas, solicitudes, agradecimientos y reclamos. Sin embargo, pocas provienen de un actor clave advirtiendo, con ‘pelos y señales’, las preocupaciones sobre un millonario contrato. Esto fue lo que hizo el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) el pasado 1° de octubre a través de una dura misiva dirigida al jefe del Estado y conocida por CAMBIO.
El documento fue enviado la semana pasada desde Popayán hacia la Casa de Nariño con un asunto muy concreto: “Solicitud de suspensión inmediata de la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 1783 de 2025”, dice parte del documento. El convenio en cuestión fue firmado el pasado 25 de agosto entre el Ministerio del Interior y el Sistema Universitario del Eje Cafetero (SUEJE) por un valor de 43.566 millones de pesos y un tiempo de ejecución de 12 meses.
Según la documentación del contrato, el objetivo es el de “prestar la asistencia técnica, administrativa, operativa y financiera” para diseñar e implementar acciones dirigidas a proteger el gobierno propio de las comunidades indígenas del Cauca. El problema es que, según dice el CRIC en la carta, no fueron consultados previamente para este proceso:
Además, la organización indígena ⎯una de las más grandes del país⎯ advirtió que presentaron “una propuesta concreta y técnicamente sustentada para la ejecución de estos recursos” pero esta no habría sido “tenida en cuenta ni valorada en la toma de decisiones”. Según el CRIC, con esta decisión se vulneraron los procesos de consulta previa, participación y autonomía con los que cuentan los pueblos indígenas.
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La petición que se hace en el documento dirigido al presidente de la república es a suspender el contrato, ya en periodo de ejecución, no solo para establecer un diálogo con la organización sino para evaluar la posibilidad de revocar la adjudicación al Sueje y encargar la realización del convenio por más de 40.000 millones de pesos al CRIC, una arriesgada maniobra que tendría serias consecuencias legales.
Las suspicacias detrás de la inconformidad
El contrato que tiene molestos a los indígenas del Cauca es uno de los cinco de mayor valor que ha firmado el Ministerio del Interior en 2025. Sin embargo, su importancia también radica en el hecho de que en el Cauca habita una de las mayores concentraciones de población indígena de Colombia. Hay cerca de 350.000 personas que se autoreconocen como integrantes de 11 pueblos indígenas: Nasa, Misak, Yanacona, Kokonuko, Totoroez, Eperara Siapidara, Inga, Embera Chami, Polindara, Kishu y Ampiuile. Según el panorama hecho por el Ministerio del Interior, estas comunidades están organizadas en 138 cabildos o resguardos, agrupadas en 12 asociaciones de cabildos y distribuidos en 10 zonas estratégicas del departamento.
Además, desde 1971, los pueblos indígenas tienen la garantía normativa de desarrollar cinco sistemas autónomos: salud, educación, economía, gobierno y administración. El objetivo del MinInterior con el contrato de 43.000 millones es fortalecer estos dos últimos sistemas a través del apoyo en aspectos desde la organización de asambleas y mambeaderos hasta asuntos de transporte y dotación en equipos de oficina.
Fuentes consultadas en el CRIC coincidieron en advertir que el mismo MinInterior los reconoció como una organización clave en el Cauca en la elaboración de los estudios previos del contrato. Por ello, no comprenden por qué su propuesta no se tuvo en cuenta y tampoco se les informó detalladamente de la adjudicación del convenio.
“No entendemos cómo va a ser más idónea una institución a cientos de kilómetros de los territorios que nuestra organización con décadas de trabajo aquí”, dijo uno de los consultados por CAMBIO.
Al revisar la documentación del contrato se evidencia que el Ministerio sí los reconoce como la organización indígena más grande del departamento, al punto de que uno de los integrantes del Comité Técnico Operativo del contrato es el coordinador de la Secretaría Técnica del CRIC de esa cartera.
Sin embargo, en los documentos el MinInterior también aclara que solo se hicieron tres invitaciones directas para presentar cotizaciones en un plazo máximo de tres días. Las entidades a las que se les hizo el llamado fueron: Findeter, el Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos y el Sistema Universitario del Eje Cafetero (SUEJE). No se menciona al CRIC. De los tres invitados, solo el Comité y el SUEJE presentaron propuestas, siendo esta última la más favorable.
SUEJE es una entidad pública conformada hoy en día por la Universidad del Quindío y la Universidad Tecnológica de Pereira, dos instituciones estatales de educación superior. Según el Ministerio del Interior, su idoneidad radica en que “no solo representa una alianza interuniversitaria, sino un modelo de gestión territorial con enfoque académico, social y cultural, que contribuye de manera significativa al desarrollo sostenible y a la construcción de nación”.
Además, para justificar la contratación, el Ministerio recalcó la experiencia que ha tenido esa entidad en materia de contratación pública. Por ejemplo, entre el 2000 y 2024, el Sueje firmó 622 contratos por un valor superior a los dos billones de pesos. Sin embargo, en los estudios previos hechos por la cartera del Interior, solo se encontraron siete convenios “relevantes” relacionados con pueblos indígenas, de los cuales uno solo se desarrolló en el Cauca hace más de una década cuando la cartera del Interior y la de Justicia eran una sola.
Por otro lado, en el CRIC también hay desconcierto y malestar porque en el Gobierno de Gustavo Petro han logrado consolidarse como habituales contratistas de temas relacionados con los pueblos indígenas. Por ejemplo, en junio de este año esa organización firmó un contrato con el Ministerio del Interior por 3.000 millones de pesos. El objetivo es similar al millonario convenio con el SUEJE: “Fortalecimiento de la Comisión Mixta, del gobierno propio y para garantizar el desarrollo integral de la política pública para los pueblos indígenas del departamento del Cauca”.
Esto sin contar los otros contratos suscritos en los que va de 2025 con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y la Unidad Nacional de Protección que sumados representan casi 100.000 millones de pesos. De hecho, en el gobierno anterior, el CRIC también se había hecho cargo de la ejecución de contratos con objetos similares en el Cauca. “Normalmente nos encargamos de este tipo de convenios, por eso nos tomó por sorpresa esa adjudicación”, dijo una persona cercana a la organización indígena.
CAMBIO consultó a Roquelina Blanco, directora de Asuntos Indígenas del MinInterior, para conocer su postura, pero al cierre de este artículo no se ha recibido respuesta. Sin embargo, este medio conoció que en esa cartera también hay malestar y suspicacia de varios funcionarios por el cambio en la contratación. En los pasillos de La Girada (la sede del Ministerio) circulan rumores de objetivos electorales y personales de algunos funcionarios que habrían motivado el ‘quite’ al CRIC. Sin embargo, aún no hay información concreta al respecto ni denuncias formales, ni siquiera internamente.
Mientras tanto, la organización indígena más poderosa del Cauca sigue esperando la respuesta del presidente Petro a su carta. “Solicitamos su intervención directa para garantizar que el Ministerio del Interior cumpla su rol de garante de derechos de las minorías étnicas y respete los procesos de gobierno propio de los pueblos indígenas y no imponer decisiones unilaterales”, concluyen los consejeros mayores en el documento.
