En un caso que ha sacudido la política local de Susacón, Boyacá, la Fiscalía General de la Nación solicitó al juez de control de garantías programar una audiencia para formular cargos contra los exalcaldes Jairo Alonso Rincón y Silvio Alberto Rincón, quienes gobernaron este municipio del norte del departamento en los períodos 2012-2015, 2016-2019 y 2020-2023. La solicitud fue hecha luego de una investigación derivada de una denuncia presentada por concejales del partido Alianza Verde en 2020, quienes detectaron presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos provenientes de la empresa ISAGEN.
Desde 2014, ISAGEN ha realizado pagos anuales al municipio, que oscilan entre 50 y 70 millones de pesos, en cumplimiento de la Ley 99 de 1993, destinados a proyectos de recuperación ambiental y saneamiento básico. Sin embargo, los pagos no fueron adecuadamente presupuestados durante los primeros cuatro años de la transferencia de fondos (2014-2017), y, sorprendentemente, los registros en los años posteriores (2018-2020) fueron insignificantes, con apenas 100.000 pesos anuales, a pesar de que el municipio recibió más de 270 millones de pesos durante ese tiempo.
Este manejo deficiente de los recursos, que no fueron debidamente asignados a proyectos específicos ni reflejados en los presupuestos municipales, ha sido el centro de la investigación. La ley establece con claridad que todo recurso público debe ser registrado y presupuestado para su ejecución adecuada. El hecho de no hacerlo no solo viola principios fundamentales de la administración pública, sino que también deja en la incertidumbre el destino de una parte importante de estos fondos.
La audiencia de imputación de cargos está programada para el próximo 1 de abril de 2025. A esta sesión acudirá el juez, quien deberá decidir si las pruebas presentadas son suficientes para avanzar en el proceso penal. Sin embargo, el caso ha generado aún más controversia debido al hecho de que el actual alcalde de Susacón, Pupo Alonso Rincón, es padre y tío de los investigados, lo que plantea serias dudas sobre posibles conflictos de interés dentro de la administración municipal.
