El exalcalde de Neiva, Héctor Aníbal Ramírez, fue absuelto en segunda instancia luego de ser condenado inicialmente por el delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. La decisión, conocida en las últimas horas, revocó totalmente el fallo emitido en primera instancia y restableció la presunción de inocencia del exmandatario. La defensa sostuvo durante el proceso que no existieron irregularidades atribuibles a su gestión y que las actuaciones se ajustaron a la normatividad vigente.
La absolución también cobijó al exgerente de Empresas Públicas de Neiva, Juan Carlos Herrera, investigado dentro del mismo proceso. Ambos habían enfrentado un juicio que se prolongó durante varios años y que generó repercusiones políticas y personales. Con la nueva decisión, la justicia concluyó que las pruebas no demostraban responsabilidad penal y que no hubo vulneración de los requisitos legales en los contratos cuestionados, cerrando un capítulo que generó amplios debates públicos.
A través de sus redes sociales, Ramírez expresó un profundo agradecimiento a Dios, a su familia y a quienes lo respaldaron durante el proceso. Afirmó que esta etapa marcó su vida de manera significativa, pero que la absolución demuestra que “la verdad prevalece cuando se actúa con rectitud”. Destacó que el acompañamiento moral, espiritual y emocional de la ciudadanía fue clave para enfrentar una situación que calificó como “uno de los retos más difíciles” de su carrera.
Impacto político
La decisión judicial tiene repercusiones políticas en Neiva, considerando que Ramírez fue una de las figuras más influyentes de la administración municipal en su periodo. Su absolución podría reconfigurar la lectura pública sobre su gestión y sobre los procesos que enfrentó posteriormente. Sectores políticos han señalado que el fallo invita a reflexionar sobre la responsabilidad institucional en la investigación penal y los efectos que una condena inicial puede generar en la reputación de los servidores públicos.
La defensa del exmandatario sostuvo que el caso evidencia la necesidad de fortalecer los criterios de valoración probatoria y de garantizar que los procesos penales contra funcionarios cuenten con rigor jurídico. El fallo, afirmaron, demuestra que las decisiones administrativas no siempre configuran conductas delictivas y que el debate sobre la contratación estatal requiere mayor precisión técnica. Ramírez, por su parte, señaló que esta experiencia reafirma su compromiso con la transparencia.
Con la sentencia de segunda instancia, el proceso queda cerrado a favor de los exfuncionarios, quienes recuperan plenamente sus derechos y su buen nombre. La decisión se suma a un conjunto de fallos recientes que han revisado procesos de contratación en distintas regiones del país. Ramírez concluyó su mensaje reiterando que seguirá trabajando por Neiva y que este resultado representa “un nuevo comienzo basado en la verdad y la justicia”.
