El exalcalde de Isnos, Rigoberto Rosero Gómez, más conocido como “Don Panelo”, no se resigna a su caída. Tras ser destituido e inhabilitado por la Procuraduría General de la Nación por una serie de faltas gravísimas acoso sexual, coerción laboral y abuso de poder, el exmandatario decidió volver al ruedo judicial. Hoy, busca anular sus sanciones y obtener una indemnización millonaria, argumentando supuestos perjuicios morales y materiales que, según él, afectaron su honra y su carrera política.
Prontuario
Durante su administración (2016–2020) por el Centro Democrático, Rosero Gómez tejió una red de control y manipulación sobre funcionarios y contratistas. La Procuraduría documentó un sistema de coerción, mediante el cual exigía a sus subalternas firmar hojas en blanco al momento de posesionarse en sus cargos. Esos documentos se convertían en “renuncias a la medida”, usadas para despedir a quienes no acataban sus órdenes o se resistían a sus insinuaciones.
El caso más emblemático fue el de la médica Adriana Lizeth León Ortiz, entonces gerente del Hospital San José de Isnos, quien denunció haber sido removida de forma arbitraria en 2017. La supuesta carta de renuncia que justificó su salida fue, según el fallo judicial, redactada por el propio alcalde con una de esas hojas firmadas.
En 2019, el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva falló a favor de León Ortiz, ordenando su reintegro e indemnización. El Tribunal Administrativo del Huila confirmó el fallo, señalando que la renuncia “nunca existió” y que el exalcalde incurrió en ilegalidad, desviación de poder y falsa motivación.
Pese a los contundentes pronunciamientos, Rosero Gómez insiste en su inocencia. En noviembre de 2024, la Procuraduría ratificó su destitución e inhabilidad, pero él, lejos de aceptar la sanción, emprendió una nueva ofensiva judicial.
Batalla jurídica
La demanda interpuesta ante el Tribunal Administrativo del Huila busca tumbar los fallos disciplinarios y, además, lograr una reparación millonaria. Entre sus argumentos, su defensa alega que la Procuraduría no tendría competencia para sancionar a funcionarios de elección popular.
El expediente fue admitido el pasado viernes, abriendo un nuevo capítulo en una historia marcada por la controversia, el abuso y la impunidad.
Mientras las víctimas insisten en que su dolor no tiene precio, Rosero Gómez pretende convertir su sanción en ganancia. En Isnos, su nombre divide opiniones: unos lo recuerdan como un alcalde “enérgico”, otros como el símbolo de un poder que se creyó intocable.
El desenlace de esta nueva batalla jurídica podría definir si en el Huila la justicia sigue siendo un límite o una puerta giratoria para los poderosos.
