La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el exalcalde de Purificación, Cristhian Andrés Barragán, y dos exsecretarios de Educación por presuntas irregularidades en la gestión de los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que dejaron sin atención alimentaria a 1.579 niños del municipio durante el segundo semestre del año 2022.
Una auditoría de cumplimiento de la Contraloría General de la República detectó que el municipio no ejecutó $406.149.165 del Sistema General de Participaciones (SGP) destinados al PAE. La falta de ejecución y gestión impidió garantizar el derecho a la alimentación escolar de los menores priorizados, afectando directamente su permanencia y bienestar en las instituciones educativas oficiales del municipio.
Hechos
Según los hallazgos, el servicio de alimentación fue suspendido desde septiembre de 2022 debido a la nula articulación entre la Alcaldía y la Gobernación del Tolima, así como a la ausencia de medidas para evitar la interrupción. Este escenario no solo vulneró los derechos de los niños, sino que puso en evidencia graves deficiencias administrativas por parte de las autoridades locales.
Además de Barragán, la Procuraduría investiga a los exsecretarios de Educación, Oscar Eduardo Tafur Villarreal y Deisy Leticia Ospina Devia, quienes habrían omitido funciones esenciales para garantizar el servicio. El organismo de control busca establecer si sus acciones u omisiones constituyeron faltas disciplinarias y si hubo desconocimiento del deber de planeación y ejecución eficiente del gasto público.
Profundización
La investigación también examinará si hubo incumplimiento de principios básicos de la función pública como la eficiencia, la responsabilidad y la coordinación interinstitucional. De comprobarse la responsabilidad disciplinaria, los exfuncionarios podrían enfrentar sanciones que van desde amonestaciones hasta la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El PAE tiene como propósito garantizar un complemento alimenticio a los niños y niñas más vulnerables del sistema educativo público, y su suspensión representa un daño estructural para las condiciones de aprendizaje y salud de los beneficiarios.
