En las últimas horas se conoció una decisión de la Procuraduría en la que resultó implicada el exalcalde de Zipaquirá, Wilson García. Se trata de un pliego de cargos por posibles sobrecostos en insumos para la atención de la pandemia del covid-19.
«La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al exalcalde de Zipaquirá, Cundinamarca, Wilson Leonardo García Fajardo (2020 – 2023), por las presuntas irregularidades en que incurrió durante la contratación adelantada para la mitigación del covid-19″, indicó al respecto el Ministerio Público.
De acuerdo con la investigación que realizó la Procuraduría, en los contratos que se celebraron durante la alcaldía de Wilson García en el marco de la pandemia del covid-19, se registró un sobrecosto del 20%.
La Procuraduría también confirmó que, los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento ambiental son definidos por la ley y el decreto 1076 de 2015, lo que significa que no está sujeto al arbitrio del Ministerio de Ambiente establecer los casos en los que resulta exigible este instrumento ambiental.
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Cargos a exalcalde de Zipaquirá (Cundinamarca) por presuntos sobrecostos de hasta un 20% en insumos para atender la emergencia del Covid-19. #EsNoticia 👉 https://t.co/Io0vq3jkeQ pic.twitter.com/lJGQ7SDSsu
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) January 27, 2024
Además la procuraduría indicó que según las investigaciones posiblemente no existía justificación para la inversión de aproximadamente 120 millones para la atención de la emergencia.
«Al revisar el objeto contractual suscrito por el exmandatario local se observó que posiblemente no resultaba imperioso, ni aportaba de manera significativa a la mitigación de la pandemia, a pesar de lo que se invirtieron cerca de $120 millones», agregó el ministerio Público.
Finalmente, la Procuraduría no ha comprobado la participación directa del exalcalde de Zipaquirá en los posibles sobrecostos. Sin embargo le formuló pliego de cargos a Título de dolo.
«García Fajardo como encargado de la contratación del municipio debía vigilar el estricto cumplimiento de las normas, por lo que se pudo vulnerar el principio de economía que rige la contratación estatal; por lo que de manera provisional se calificó su presunta falta como gravísima cometida a título de dolo», concluyó al respecto la Procuraduría.
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