Exalcalde de Silvia, Cauca, señalado en corrupción

El exalcalde de la ‘Suiza de América’, Gabriel Eduardo Pillimue Potosí, deberá responder por los delitos de peculado por apropiación.
Gabriel Eduardo Pillimue Potosí, procesado.
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Un juez penal de conocimiento condenó al exalcalde del municipio de Silvia, Cauca, Gabriel Eduardo Pillimue Potosí, a ocho años y seis meses de prisión por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

De acuerdo, a la Fiscalía General de la Nación: “el exmandatario municipal entregó más de 1.500 millones de pesos a una empresa privada que los invirtió en Títulos de Tesorería, TES. Con esta maniobra ilegal se causó un detrimento patrimonial de 474 millones de pesos. La Fiscalía obtuvo pruebas suficientes para demostrar la existencia de un entramado de corrupción en Silvia, Cauca, que invirtió mal los excedentes de liquidez de los recursos de la salud para realizar operaciones en el mercado bursátil”.

En ese sentido: “un juez penal de conocimiento condenó al exalcalde del municipio, Gabriel Eduardo Pillimue Potosí, a ocho años y seis meses de prisión por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales; al extesorero Kevin Amilkar Calambás, y a los particulares Héctor Jairo Bonilla López y José Fernando Naranjo Zambrano a seis años de prisión por el delito de peculado por apropiación”.

Del mismo modo, determinó que: “una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción estableció que, en febrero de 2008, los entonces alcalde y tesorero de Silvia entregaron 1.500 millones de pesos al asesor comercial de una empresa privada. De esta manera, la Administración municipal confió recursos públicos a una empresa con el propósito de que los invirtiera en Títulos de Tesorería del Banco de la República. Esta actuación se respaldó con la firma de una ‘nota estructurada’, la cual precisaba que la Alcaldía de Silvia recibiría 73 millones de pesos en seis meses por concepto de intereses”.

Así mismo, el Ministerio Público estableció que, los implicados no habrían realizado los estudios previos para sustentar la necesidad y conveniencia, de igual manera, evidenció que la empresa privada no estaba autorizada para ejercer funciones de banco. La decisión es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.

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