Exalcalde de Pitalito habría violado el principio de transparencia

Miguel Antonio Rico, fue llamado.
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Para que responda por presuntas irregularidades en la compra de equipos en el periodo 2016 – 2019, Antonio Rincón fue citado por la Procuraduría General de la Nación.

Miguel Antonio Rico Rincón fue citado por la Procuraduría General de la Nación, para que responda por presuntas irregularidades ocurridas durante su gestión como primer mandatario del Valle de Laboyos, relacionadas con la entrega de quipos para una de las dependencias, que en su momento estaba necesitando para poder desarrollar sus labores.

Otro implicado

El opita, quien fungió como alcalde en el periodo 2016 – 2019, así como a José Ricardo Cruz Carvajal, en su calidad de alcalde (e) en el mes de octubre de 2017, al parecer se encuentran en medio de líos judiciales por las presuntas irregularidades en la compra de equipos de cómputo y suministros para la Oficina de Gestión del Riesgo de esa municipalidad.

Requisitos

Según se pudo conocer, desde la Procuraduría Provincial de Garzón, Huila, se les investiga porque al parecer en la licitación abierta se habrían fijado requisitos que limitaron la participación de oferentes, al exigir que los interesados debían contar con un establecimiento de comercio en el municipio de Pitalito, lo que podría configurarse como una “regla injusta e ilegal que limitó la pluralidad de oferentes, incurriendo así con su conducta posiblemente en una falta disciplinaria”. 

‘Sin garantías’

Agregó el órgano de control que en este caso aparentemente no se garantizó una selección objetiva del contratista, “por cuanto no se estableció una invitación pública en forma adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato que se requería, conllevando a limitar la concurrencia de una pluralidad de oferentes”.  

Así las cosas, para la Procuraduría, con ese tipo de actuaciones los exfuncionarios habrían vulnerado los principios de transparencia, responsabilidad y el deber de selección objetiva, por lo que calificó la aparente conducta de los exfuncionarios como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.


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