Exalcalde Ortiz Monroy afronta imputación fiscal por contratación escolar cuestionada.
La judicialización del exalcalde de El Espinal sacudió el ambiente político local y reavivó cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos destinados a la educación rural. La Fiscalía avanzó en la imputación contra el exmandatario, a quien se le atribuyen presuntas irregularidades en un contrato de transporte escolar que debía garantizar el traslado de estudiantes desde zonas apartadas hasta el casco urbano. El caso se convirtió rápidamente en tema de conversación ciudadana, alimentando el debate sobre transparencia administrativa.
De acuerdo con el ente acusador, el proceso se originó tras una revisión detallada de la contratación realizada durante el periodo de gobierno de Mauricio Ortiz Monroy. La Fiscalía de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima sostuvo que la empresa seleccionada para prestar el servicio fue escogida de manera directa, sin aplicar el principio de selección objetiva que exige la ley. Esta decisión, según la investigación, limitó la posibilidad de participación de otros oferentes y habría vulnerado normas básicas de la contratación estatal.
El contrato buscaba movilizar a niños y niñas de numerosas veredas hacia las instituciones educativas del municipio. Entre las zonas beneficiadas figuraban Dindalito, Centro, Unión, Sena, La Joya, La Caimanera, Guadalejo, Guayabal, La Morena Parte Alta, Coyarco, Tarula, Puerto Peñón, Canastos, Minuto de Dios, Agua Blanca, Delicias y Santa Ana. La cobertura del servicio contrastó con las dudas surgidas alrededor de su adjudicación.
La Fiscalía explicó que el monto pactado superaba la mínima cuantía permitida para la contratación directa. Por esta razón, el proceso debía adelantarse mediante selección abreviada, mecanismo diseñado para garantizar competencia, pluralidad y transparencia. No obstante, el expediente señala que dicho procedimiento no se aplicó, lo que abrió la puerta a la imputación del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Un elemento clave del caso fue un informe emitido por la Dirección Territorial Tolima del Ministerio de Transporte. El documento certificaba que, para la época de los hechos, existían al menos dos empresas habilitadas para prestar el servicio, una con sede en El Espinal y otra en el municipio de Purificación. Esta información, según la Fiscalía, evidenciaba que sí había pluralidad de oferentes disponibles.
Durante la audiencia, el exalcalde no aceptó los cargos formulados por el fiscal del caso. Su defensa insistió en que las decisiones adoptadas buscaban garantizar la continuidad del servicio educativo y evitar afectaciones a los estudiantes. Sin embargo, el proceso judicial continúa en etapa preliminar, mientras las autoridades determinan si hubo responsabilidad penal en las actuaciones investigadas, caso que mantiene expectante a la opinión pública.
