Presuntas conductas reiteradas de violencia verbal y psicológica contra su expareja.
La justicia volvió a poner en el centro del debate público el caso del exmandatario local. La Fiscalía 50 CAVIF de Duitama formuló acusación formal contra Hernel David Ortega Gómez por presunta violencia intrafamiliar, tras hallar elementos suficientes que permitirían llevar el proceso a juicio. El expediente incluye denuncia, medida de protección y valoración de riesgo, y ahora queda en manos de un juez definir la responsabilidad penal del implicado.
Los hechos estarían relacionados con presuntas conductas de violencia verbal y psicológica contra su expareja, conducta tipificada en el artículo 229 del Código Penal. Este delito no es conciliable ni desistible, por lo que el proceso seguirá su curso judicial. En caso de aceptación de cargos, podría aplicarse una rebaja de hasta el 50 % de la pena, que en estos casos oscila entre cuatro y ocho años de prisión.
El caso ha generado impacto político y social, pues Ortega Gómez fue elegido alcalde de Duitama en elecciones atípicas de 2021, marcando una nueva etapa administrativa para la ciudad. Hoy su nombre vuelve a los titulares, pero por un proceso judicial que reabre el debate sobre la responsabilidad ética de los dirigentes.
Las estadísticas nacionales muestran que la violencia intrafamiliar sigue siendo un problema grave en Colombia, con miles de casos reportados cada año, especialmente contra mujeres. El fenómeno no distingue cargos ni estratos, pero cuando involucra a figuras públicas la discusión se amplía: ¿qué mensaje se transmite a la ciudadanía cuando quienes ejercen poder enfrentan acusaciones por hechos que afectan el núcleo familiar?
El proceso apenas inicia. Será la justicia la encargada de determinar si existe responsabilidad penal, bajo el principio constitucional de presunción de inocencia. Mientras tanto, el caso reaviva la reflexión sobre la necesidad de instituciones fuertes y decisiones judiciales transparentes, sin privilegios, y sobre la importancia de prevenir la violencia intrafamiliar como un asunto de salud pública y derechos humanos.
