La política en el Huila vuelve a estar en el ojo del huracán. El exalcalde de Altamira, Amín Losada, fue condenado a 88 meses de prisión por el delito de falsedad ideológica en documento público, tras comprobarse irregularidades en dos contratos suscritos en el marco del ‘Festival Folclórico del Achira’. La sentencia, proferida en segunda instancia por el Tribunal Superior de Neiva, confirma el fallo de primera instancia y deja en evidencia, una vez más, los oscuros manejos de contratación durante su administración.
El magistrado Alberto Poveda Perdomo fue contundente: “La falsedad ideológica fue el producto directo de la firma consciente y reiterada del acusado, quien con ello otorgó validez formal a informaciones falsas, lesionando de manera clara y efectiva la fe pública”. Con esta decisión, se cierra un proceso en el que la defensa intentó alegar dudas probatorias, pero que finalmente dejó claro que Losada no solo estampó su firma, sino que con ella avaló documentos que no correspondían a la realidad.
Contratación
El exmandatario fue investigado por suscribir, en octubre de 2008, dos contratos de prestación de servicios con objeto de animación y difusión musical dentro del festival. Según la Fiscalía, las actas y certificaciones oficiales indicaban que las actividades se habían ejecutado en octubre, cuando en realidad ocurrieron en agosto. Es decir, los documentos oficiales no reflejaban la ejecución real, configurando así la falsedad ideológica.
Lo más preocupante, según los críticos, no es únicamente la condena en sí, sino el patrón que se evidencia: un manejo laxo de la contratación pública en donde la legalidad parece ser un mero formalismo, más que un principio rector de la administración.
Condenas
Este nuevo fallo se suma a otra sentencia de junio de 2024, cuando el mismo Tribunal Superior de Neiva revocó una absolución y condenó a Losada y a su extesorero, José Octavio Narváez Tovar, a 102 meses y un día de prisión por irregularidades en contratos relacionados con celebraciones municipales. Allí, el tribunal dejó en claro que el principio de legalidad había sido vulnerado y que la omisión en verificar los requisitos contractuales no podía pasar desapercibida.
El panorama político es desolador: un exalcalde con dos condenas firmes en menos de un año, que dejan una herida profunda en la credibilidad institucional de Altamira y, de paso, del Huila. La pregunta que muchos se hacen es cómo un funcionario con tales antecedentes logró sostener poder y respaldo político en su momento, y qué responsabilidad tienen también los órganos de control que, por años, pasaron de largo frente a estas irregularidades.
Más que un caso individual
La condena contra Amín Losada trasciende lo personal. Expone un sistema político donde la contratación pública se convirtió en moneda de cambio y donde los festivales culturales, que deberían exaltar la identidad huilense, terminaron manchados por la corrupción. Para los habitantes de Altamira, el “festival” ya no evoca solo música y tradición, sino también contratos amañados, documentos falsos y un legado de desconfianza hacia sus dirigentes.
La política local queda nuevamente marcada por el escándalo. Mientras el exalcalde enfrenta la cárcel, la comunidad enfrenta otra condena: la de seguir viviendo bajo la sombra de gestiones que traicionan la fe pública.
