Un total de 29 exintegrantes de la Novena Brigada del Ejército Nacional fueron remitidos por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al Tribunal para la Paz, instancia que deberá determinar si cumplen los requisitos para acceder a una Sanción Propia dentro del proceso relacionado con asesinatos y desapariciones forzadas ocurridos en el Huila entre los años 2005 y 2008.
La decisión fue dada a conocer por el magistrado Alejandro Ramelli, relator del Subcaso Huila del Caso 03, que investiga hechos presentados ilegítimamente como bajas en combate. Según explicó, los comparecientes reconocieron su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad, aportaron verdad sobre los hechos investigados y participaron en actividades restaurativas dirigidas a las víctimas.
Tras evaluar el cumplimiento de estos compromisos, la Sala de Reconocimiento remitió el expediente al Tribunal para la Paz, que ahora analizará la coherencia entre los aportes de verdad, el reconocimiento de responsabilidad y las acciones restaurativas realizadas. En caso de encontrar satisfechos los requisitos establecidos por la ley, procederá a imponer las sanciones correspondientes.
Entre los remitidos figuran oficiales, suboficiales y soldados profesionales en retiro que pertenecieron a los batallones Cacique Pigoanza, Magdalena y a la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11, unidades adscritas a la Novena Brigada.
Durante la investigación, la JEP estableció la existencia de un presunto plan criminal mediante el cual varios homicidios habrían sido reportados falsamente como resultados operacionales. De acuerdo con el magistrado Ramelli, estas acciones buscaban mostrar resultados militares, fortalecer la imagen institucional y obtener beneficios dentro de la estructura castrense.
El proceso permitió recopilar testimonios, versiones voluntarias y documentos provenientes de expedientes judiciales, archivos militares y organizaciones de víctimas. Además, se adelantaron espacios de reconocimiento público y actividades restaurativas enfocadas en la memoria, la reconciliación y la reparación simbólica.
Entre las iniciativas propuestas se encuentran labores en cementerios para apoyar la búsqueda e identificación de víctimas, la construcción de espacios de memoria histórica y la elaboración de contenidos comunicativos orientados al restablecimiento del buen nombre de las personas afectadas y sus familias.
