La reforma tributaria en Colombia llevó al país a posicionarse como uno de los líderes en penas de cárcel para aquellos que evaden impuestos. Con el respaldo de la Corte Constitucional, los cambios introducidos en la ley (Ley 2277 de 2022) buscan desincentivar la evasión y la elusión fiscal. De esta manera se logró fortalecer la capacidad de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para combatir estos delitos.
Según el calendario tributario en Colombia, los grandes contribuyentes se enfrentan a la obligación de declarar y pagar impuestos. Por este motivo, es el cuarto país en el mundo con penas de cárcel más severas para quienes intenten ocultar bienes o declarar deudas ficticias.
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Por su parte, Sudáfrica encabeza la lista con una pena máxima de 25 años, seguido por Grecia con 20 años, Alemania con 10 años, y Colombia ocupando la cuarta posición, con penas que oscilan entre 4 y 9 años en función del monto evadido.
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Así son las penas de cárcel en otros países
Uno de los países más destacados en los últimos años es El Salvador, bajo la presidencia de Nayib Bukele. En ese país se impuso una pena de 7 años para los evasores. Esto superó a países como Francia, donde el delito se castiga con 6 años. Mientras tanto, Canadá, Brasil y Estados Unidos imponen penas de 5 años, siendo este último país aún más riguroso al contemplar multas de hasta 100.000 dólares.
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Por su parte, en Colombia, el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, destacó que la intención no es enviar a todos a la cárcel. Agregó que el objetivo de estas sanciones, es el de disuadir y mitigar el riesgo subjetivo asociado a la evasión fiscal.
Ante esto, la declaración de exequibilidad por parte de la Corte Constitucional reforzó los tipos penales, permitiendo a la administración tributaria actuar con mayor contundencia. El llamado es claro: dejar de evadir y comenzar a contribuir a los recursos que financian sectores vitales. Entre ellos, se menciona la educación, la salud, las vías y el acceso a la justicia. Esto con la finalidad de que el Estado Social de Derecho sea una realidad palpable y no solo una promesa en papel.
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