La Alcaldía de Bogotá ordenó la evacuación inmediata de casi trescientas personas indígenas, quienes viven actualmente en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja. Expertos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) y del Cuerpo de Bomberos establecieron que el edificio presenta fallas estructurales graves y serios problemas eléctricos y sanitarios. Las autoridades tomaron esta drástica decisión porque estos deterioros representan un peligro latente de colapso, poniendo en riesgo la vida de los doscientos ochenta y siete ocupantes que componen esta comunidad.
Las investigaciones en internet confirman que la UPI La Rioja funcionó anteriormente como la Cárcel Distrital, un pasado que aumenta la desconfianza y el rechazo de la comunidad hacia el lugar y cualquier intento de reubicación. Si bien la administración distrital ofreció acompañamiento para la salida y propuso trasladar a las familias a diversos albergues transitorios, los líderes indígenas rechazaron de plano la medida. Ellos temen que la dispersión de sus miembros en diferentes sitios acabe por desintegrar sus costumbres y disolver su identidad cultural como pueblo.
Evacuación Indígena La Rioja: El riesgo de colapso amenaza a 300 personas en Bogotá
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Consecuentemente, la Alcaldía Mayor cumplió con su deber de ofrecer alternativas de vivienda y apoyo inmediato a las familias. Sin embargo, la persistente negativa de una parte de la población a aceptar las opciones de reubicación complica la situación sanitaria y estructural del edificio, elevando el riesgo que corren los habitantes día tras día. La Defensoría del Pueblo, consciente de la tensión, intervino en el caso, exigiendo a la administración que llegue a una solución concertada y dialogada con los representantes de la comunidad.
Por lo tanto, la problemática se centra en una difícil encrucijada: la inminente necesidad de proteger la integridad física de las personas choca con la legítima defensa de los derechos culturales de la comunidad. El riesgo de un accidente debido a la red eléctrica deficiente o a una falla estructural exige la acción rápida de la administración. No obstante, los líderes comunitarios defienden firmemente la unidad del grupo, priorizando su cohesión social por encima de las medidas de seguridad temporal propuestas por el Distrito, una posición que dificulta cualquier acuerdo veloz.
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Finalmente, este serio incidente exige que la administración y los portavoces de la comunidad indígena intensifiquen el diálogo. El suceso sirve como un doloroso recordatorio sobre la necesidad urgente de crear protocolos sensibles a la cultura, que permitan abordar emergencias estructurales sin comprometer la identidad de los pueblos ancestrales. Ambos actores deben sentarse a negociar una solución integral que salvaguarde la vida de cada miembro y honre el respeto por sus tradiciones culturales.
