La violencia en el Catatumbo, Norte de Santander, sigue dejando profundas heridas en la región y cobrando la vida de líderes sociales y firmantes de paz. En esta ocasión, hombres armados asesinaron a Pedro Nel Angarita Ascanio, vicepresidente de la Corporación Reincorpaz, mientras desempeñaba su labor como recolector de basura en el barrio San Antonio del municipio de Teorama. Este crimen evidencia la constante inseguridad que enfrentan quienes optaron por reincorporarse a la vida civil en un territorio aún dominado por la presencia de grupos armados.
Rodrigo Londoño, exjefe de las FARC, calificó este crimen como «demencial y atroz» a través de sus redes sociales, subrayando la magnitud de la tragedia que representa la pérdida de otro firmante de paz. Este acto se suma a una larga lista de asesinatos que han golpeado al Catatumbo, entre ellos los de Jhon Freddy Carrascal, Alberto Díaz Franco, Jhan Carlos Carvajalino Quintero y Pedro Rodríguez Mejía, como lo señaló Indepaz. Estos asesinatos reflejan un patrón sistemático que amenaza los avances logrados en el proceso de paz.
Esto se sabe del firmante de paz asesinado en Catatumbo
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La situación en esta región, que enfrenta enfrentamientos constantes entre el ELN y las disidencias de las FARC, ha dejado un saldo devastador: al menos 80 personas asesinadas y alrededor de 20.000 desplazadas en los últimos meses. Esta cifra evidencia no solo el impacto directo de los combates, sino también la descomposición social que generan la violencia y el desplazamiento forzado. Las comunidades están pagando un precio alto mientras intentan sobrevivir en medio del conflicto.
Por otro lado, el reclutamiento de menores de edad sigue siendo una de las caras más desgarradoras del conflicto en el Catatumbo. Según la Defensoría del Pueblo, 409 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por grupos armados en 2024, profundizando las secuelas del conflicto en las generaciones más jóvenes. Este hecho resalta la necesidad urgente de implementar estrategias que protejan a los más vulnerables y pongan fin a estas prácticas inhumanas.
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Es imperativo que el Estado y las autoridades competentes actúen de manera decidida para garantizar la seguridad de los firmantes de paz y las comunidades afectadas. Asimismo, es crucial avanzar en el diálogo con los actores armados para construir soluciones sostenibles que permitan a las regiones como el Catatumbo superar décadas de conflicto. Solo con un compromiso real y sostenido se podrá devolverle la tranquilidad a esta región que tanto ha sufrido.
