La Defensoría del Pueblo denunció que contratistas de la Alcaldía de Medellín habrían recibido órdenes de intervenir y disolver protestas a favor del pueblo palestino, pese a no tener facultades legales para hacerlo. La defensora Iris Marín alertó que algunos gestores de convivencia fueron presionados con la amenaza de perder sus contratos si no cumplían estas directrices, lo que constituye una posible extralimitación de funciones y podría generar sanciones disciplinarias y penales.
El presidente Gustavo Petro se pronunció en X respaldando la denuncia y señalando que las acciones descritas equivalen a hostigamiento contra manifestantes pacíficos. La Defensoría recordó que los gestores no pueden usar la fuerza ni actuar en protestas, y que cualquier instrucción en ese sentido es irregular.
La institución pidió a las autoridades investigar tanto a los responsables de impartir esas órdenes como a quienes las ejecutaron, para determinar si hubo abuso de poder y violaciones de derechos humanos. Además, expresó preocupación por el concejal de Medellín Andrés “Gury” Rodríguez (Centro Democrático), quien habría incitado a la violencia contra las marchas en respaldo a Palestina.
Desde el plano jurídico, el caso podría constituir una violación a tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y a la Observación General N.° 37 de la ONU, que garantizan el derecho a la protesta pacífica y prohíben intervenciones arbitrarias. Acciones de intimidación laboral, amenazas o disolución forzada de manifestaciones van en contra de la obligación estatal de proteger y no reprimir la protesta.
En este contexto, organismos internacionales como la CIDH y la ONU han insistido en que los Estados deben proteger activamente las marchas pacíficas y garantizar derechos como la libertad de expresión, la asociación y la integridad personal. Según la Defensoría, las instituciones no pueden ser generadoras de riesgos para los ciudadanos, sino garantes de derechos fundamentales.
