En Buenaventura, una preocupante situación ha captado la atención de la Defensoría del Pueblo Regional Pacífico: el reclutamiento forzado de menores por parte de grupos criminales. Este fenómeno alarmante no solo compromete el futuro de estos jóvenes, sino que también representa una violación flagrante de sus derechos fundamentales y un grave problema de seguridad para la región. Informes Según informes recientes, se ha observado la presencia de niños armados en diversos
territorios controlados por bandas criminales. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo advierte que existe un subregistro de casos debido a la falta de denuncias formales.
«Cuando visitamos los sectores afectados, vemos a niños involucrados en estas actividades ilegales, pero al revisar los registros judiciales, notamos la ausencia de denuncias que nos permitan intervenir y rescatar a estos menores», expresó un representante de la Defensoría. El miedo y la desconfianza son barreras significativas que impiden que las comunidades denuncien estos abusos. Esta situación deja a los niños vulnerables a ser reclutados bajo coacción o engaño, privándolos de una infancia segura y de oportunidades para un desarrollo saludable.
La Defensoría subraya la urgencia de romper este silencio para proteger a los menores y para enfrentar eficazmente esta problemática.
Germán David Torres, Defensor del Pueblo de Buenaventura, hizo hincapié en la necesidad de iniciar investigaciones exhaustivas para identificar la procedencia de estos menores y tomar medidas preventivas y correctivas. «Es crucial determinar si estos niños son residentes locales de Buenaventura o provienen de otras áreas del Valle del Cauca. Esto nos permitirá diseñar estrategias efectivas para combatir el reclutamiento y garantizar un futuro seguro para nuestros jóvenes», afirmó Torres.
El reclutamiento forzado de menores no solo es un problema localizado en Buenaventura, sino que también afecta profundamente al tejido social y al desarrollo
humano de toda la región. Es imperativo que las autoridades, las organizaciones de derechos humanos y la comunidad en general trabajen de manera colaborativa para
proteger a los menores, ofrecerles alternativas viables fuera de la violencia armada y asegurar que sus derechos sean respetados y cumplidos. En este sentido, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de reclutamiento forzado de menores que conozcan. «Los menores no deben estar en la guerra, sino luchando por ser el futuro del país», destacó Torres. Es responsabilidad de todos velar por la seguridad y el bienestar de nuestros niños y adolescentes, quienes merecen crecer en un entorno libre de violencia y con acceso a oportunidades educativas y sociales que les permitan desarrollar todo su potencial.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo se compromete a seguir monitoreando la situación, apoyando a las víctimas y trabajando en colaboración con las autoridades
competentes para poner fin a esta grave violación de los derechos de la infancia en Buenaventura y sus alrededores.
