Johana Aranda enfrenta denuncias por supuesta intervención política.
Una tormenta política sacude a Ibagué tras conocerse acciones jurídicas que buscan la suspensión provisional de la alcaldesa Johana Ximena Aranda y la inhabilidad de varios integrantes de su gabinete. Audios, pantallazos de WhatsApp y videos hacen parte del material probatorio presentado ante organismos de control en Bogotá.
Los documentos radicados ante la Procuraduría General de la Nación solicitan apartarla del cargo mientras avanzan las investigaciones por presunta participación en política y constreñimiento electoral. También piden medidas contra al menos siete altos funcionarios señalados de intervenir, supuestamente, en campañas a la Cámara de Representantes.
La denuncia disciplinaria, presentada por el abogado Jonathan González Oliveros, habla de una “vulneración del principio de moralidad pública” y expone un presunto esquema de presión sobre contratistas. Según el expediente, varias Órdenes de Prestación de Servicios se habrían firmado por cuatro meses, condicionando su renovación al cumplimiento de compromisos electorales.
Entre los nombres mencionados figuran Miguel Ángel Aguiar, Cristian Ávila, Kevin Castañeda, Edilberto Pava y Vilma Rivera, entre otros, como presuntos ejecutores de directrices que podrían configurar faltas disciplinarias.
En paralelo, el colectivo “Pacto por la vida” presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación. Allí se advierte que contratistas de la Oficina Jurídica, que aún no habrían recibido honorarios, presuntamente fueron obligados a financiar reuniones políticas.
La investigación incluye la publicación de un candidato en redes sociales donde aparecen contratistas activos participando en actos proselitistas en horarios laborales. También se menciona a Juan Arturo Gutiérrez, gestor social y esposo de la mandataria, como supuesto articulador de directrices políticas.
Además, se señala un posible uso indebido de apoyos rurales, donde la entrega de materiales y beneficios agropecuarios habría estado ligada a lealtades electorales. Con estos procesos en curso, la ciudad entra en una etapa decisiva mientras las autoridades determinan responsabilidades.
