El desarrollo de un Congreso Nacional de Ediles en San Andrés, entre el 22 y el 26 de agosto, motivó a 27 dignatarios a comprar tiquetes para la isla, a través de la agencia Viva Viajes, que tiene su sede principal en el centro comercial Morichal Plaza. Lamentablemente, la noche anterior al viaje, acudieron a las oficinas de la empresa para ultimar los detalles, llevándose la infortunada sorpresa de que no aparecían sus reservas, ni les proponían alguna solución.
La estafa
Según Daviris Díaz, propietaria de la agencia, ellos también fueron estafados, ya que supuestamente, al interior de las oficinas, una de sus empleadas, contratada hace cuatro años, fue la que realizó la venta, sin reportarla en las plataformas de la empresa. Además, afirma que las consignaciones que realizaron las víctimas, se hicieron a cuentas de Nequi de una persona que no trabajaba en el lugar, y que tampoco se firmó ningún contrato que respaldara la transacción.
Los 27 ediles se encuentran devastados emocionalmente por esta situación, ya que realizaron varias actividades para poder reunir los fondos y emprender el viaje. Además, aparte del valor de los tiquetes, realizaron la reserva de habitaciones de hotel, dinero que también perderán. Así mismo, lamentan perder la oportunidad de capacitarse en este espacio tan importante para poder ejercer un mejor rol de representación y liderazgo en sus comunidades.
Aunque la Policía intentó mediar la situación, no hubo manera alguna de que las partes llegaran a un acuerdo, pues la empresa no quiso asumir los perjuicios. Sin embargo, no se vio ningún apoyo ni presencia de la Secretaría de Gobierno municipal o departamental, Personería, Defensoría del Pueblo ni tampoco de otro tipo de autoridad que pudiera indagar sobre esta masiva estafa.
Ante la falta de respuesta de parte de la agencia y la ausencia de justicia, la gente se pregunta qué tipo de regulación y vigilancia existe para garantizar que no siga habiendo víctimas de este tipo de estafas. También, se indaga sobre la responsabilidad de los centros comerciales que en todo el país abren sus locales para que sean utilizados por empresas que carecen de buena fe y que terminan generando este tipo de perjuicios.
