Un complejo entramado legal ha envuelto a Manuel Rodríguez, residente de la zona rural de Siachoque, luego de un intento fallido por adquirir un lote junto a su amigo Fabio Sotelo, quien días después se arrepintió del negocio.
Según Rodríguez, inicialmente acordó con Sotelo una inversión conjunta para adquirir un lote valuado en 80 millones de pesos. Para ello, Sotelo habría contribuido con 30 millones, pero días después decidió retirarse del negocio, negándose a aceptar la devolución del dinero. En un intento por resolver la situación, Rodríguez acudió a la inspección de policía, donde fue remitido a la personería de Siachoque.
Carolina Pirazan, secretaria de la personería, indicó a Rodríguez que el lugar adecuado para proceder era la personería misma, sugiriéndole que depositara los 30 millones allí el 7 de julio de 2023. Se acordó realizar una conciliación, pero al no presentarse Sotelo, Pirazan sugirió depositar el dinero en un banco para obtener un título judicial.
Después de varios intentos infructuosos por resolver la disputa, Pirazan pidió a Rodríguez que fuera a Toca para radicar las cédulas suya y de Sotelo en el banco correspondiente. A medida que pasaba el tiempo sin solución, Rodríguez solicitó recuperar el dinero para manejar el trámite personalmente, pero Pirazan insistió en que la personería se encargaba del proceso completo.
Meses después, al ver que no se avanzaba, Rodríguez presentó una queja al nuevo personero, quien aparentemente desconocía el caso. Tras varias gestiones infructuosas, finalmente se citó a Rodríguez a la personería junto con el personero y una investigadora de la fiscalía quinta de Tunja.
En la reunión, Rodríguez afirma que la investigadora de la fiscalía le quitó el recibo original que acreditaba la denuncia, complicando aún más la situación. Ante estos eventos, Rodríguez ha interpuesto una denuncia formal contra Pirazan por presunto hurto del dinero y señala que el personero no ha proporcionado una solución adecuada a su caso. Además, critica el procedimiento que, según él, fue indebido por parte de la fiscalía, teniendo en cuenta que el ente judicial no esta autorizado para tomar las pruebas originales de una demanda.
El caso ha generado malestar en la comunidad local, que sigue de cerca los desarrollos del caso. Se espera que las autoridades pertinentes aclaren la situación y tomen medidas para resolver este conflicto legal que ha afectado profundamente a Manuel Rodríguez y a su familia.