La administración de Donald Trump ha llevado a cabo en los últimos meses una serie de operaciones navales y marítimas en aguas internacionales del Caribe y del Pacífico, con el argumento de combatir el narcotráfico. Estas acciones han incluido el hundimiento o destrucción de múltiples embarcaciones identificadas por el gobierno estadounidense como “narcolanchas” o “vehículos de transporte de drogas”.
Según los datos publicados por fuentes especializadas, entre comienzos de septiembre y finales de octubre se registraron al menos una docena de ataques, que dejaron decenas de fallecidos. En algunos casos se habla de cifras superiores a 60 muertos. Las operaciones empezaron cerca de las costas venezolanas y luego se extendieron hacia el Pacífico colombiano, lo que ha provocado una escalada de tensión diplomática con varios países de la región.
El gobierno de Estados Unidos sostiene que dichas embarcaciones transportaban estupefacientes o pertenecían a organizaciones criminales calificadas como “narcoterroristas”. En varias ocasiones se ha difundido material audiovisual desde fuentes oficiales que muestran la destrucción de las lanchas atacadas. Sin embargo, organismos internacionales y expertos jurídicos han señalado que no se ha presentado información pública suficiente que verifique la identidad de los ocupantes, sus vínculos con el crimen organizado ni la situación de amenaza inminente que justificaría el uso de fuerza letal bajo el derecho internacional.
Las operaciones han generado reacciones críticas. Gobiernos latinoamericanos han denunciado que algunos de los fallecidos podrían haber sido pescadores u otros civiles que se encontraban en tránsito marítimo regular, lo que abriría la posibilidad de que se trate de ejecuciones extrajudiciales. A su vez, la ausencia de intervención del Congreso estadounidense en la autorización de estas misiones ha planteado preguntas sobre la legalidad y el alcance de las facultades ejecutivas en materia de uso de la fuerza fuera del territorio estadounidense.
Frente a este panorama, se advierte el riesgo de que la ofensiva naval se convierta en un factor de desestabilización regional, al involucrar directamente a aguas circundantes de países soberanos que exigen transparencia, rendición de cuentas y mecanismos de supervisión independientes. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos asegura que continuará con las operaciones “hasta eliminar las rutas de narcotráfico que envenenan a nuestra sociedad”.
