En uno de los movimientos más significativos contra las redes de corrupción vinculadas al régimen venezolano, el gobierno de Estados Unidos incautó aviones, propiedades y activos relacionados con Nicolás Maduro y su círculo más cercano, por un valor superior a los 700 millones de dólares. Esta acción, parte de un extenso proceso judicial por lavado de activos y narcotráfico, busca desmantelar el entramado económico que ha sostenido al chavismo durante más de una década, usando empresas fachada, testaferros y rutas ilegales de dinero. Según fuentes oficiales, muchos de estos bienes fueron adquiridos mediante operaciones encubiertas que involucraban petróleo, oro y narcotráfico, violando sanciones internacionales impuestas por el Departamento del Tesoro.
Más allá del aspecto económico, la incautación tiene una carga política poderosa: representa un intento por debilitar las fuentes de financiación del gobierno de Maduro justo cuando Venezuela se aproxima a un nuevo ciclo electoral bajo la presión internacional por garantías democráticas. El gobierno venezolano ha calificado la acción como una agresión imperialista y un robo a la soberanía nacional, mientras que analistas en Washington consideran que este tipo de medidas buscan aislar aún más al régimen y cerrarles las vías de legitimación en el sistema financiero global. Con esta operación, Estados Unidos no solo confisca aviones y mansiones, sino que también lanza un mensaje: ningún caudal de corrupción puede permanecer oculto cuando se usa para alimentar el autoritarismo y la impunidad.
