En medio de un acto simbólico de paz en Puerto Asís, Putumayo, donde se destruyeron 4 mil toneladas de explosivos entregados por la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), el presidente Gustavo Petro lanzó una fuerte advertencia sobre el anuncio del Gobierno de Estados Unidos de autorizar operaciones terrestres en Venezuela. Según el mandatario, estas acciones podrían significar una inminente invasión al país vecino, lo cual pondría en riesgo no solo a la población civil venezolana, sino también a la estabilidad de toda la región.
Petro afirmó que este tipo de operaciones podrían involucrar tanto a agentes de la CIA como a efectivos militares estadounidenses. Advirtió que cualquier despliegue de este tipo tendría repercusiones directas en Colombia, recordando que la seguridad humana no puede medirse en bajas o muertes, sino en vidas preservadas. Por ello, pidió que toda acción de este calibre sea discutida y tramitada únicamente en el seno de las Naciones Unidas, haciendo un llamado a la ONU y a la comunidad internacional para intervenir de inmediato y frenar cualquier intento de agresión militar.
El mandatario colombiano insistió en que decisiones unilaterales como la de Washington violan principios básicos del derecho internacional y de los tratados multilaterales vigentes. Su mensaje se centró en la necesidad de reforzar la diplomacia y de evitar que el continente latinoamericano se vea arrastrado a un nuevo escenario de confrontación bélica.
De manera paralela, el Gobierno de Venezuela reaccionó con firmeza a los anuncios de Estados Unidos. En un comunicado oficial, Caracas rechazó lo que denominó declaraciones belicistas del presidente estadounidense y denunció que estas medidas forman parte de una “política de agresión, amenaza y hostigamiento”. Según la administración de Nicolás Maduro, las operaciones encubiertas de la CIA y los despliegues militares en el Caribe buscan legitimar un cambio de régimen en Venezuela, apoderarse de los recursos petroleros y alimentar discursos xenófobos contra la migración latinoamericana.
Venezuela expresó su “extrema alarma” y aseguró que el caso ya fue elevado ante foros regionales e internacionales. En concreto, presentó la denuncia en una reunión extraordinaria de cancilleres de la CELAC, convocada por la Presidencia Pro Témpore de Colombia, y anunció que su Misión Permanente ante la ONU llevará el asunto al Consejo de Seguridad y al Secretario General. Caracas exige que se responsabilice al Gobierno de Estados Unidos por la escalada de tensiones y se adopten medidas para evitar un conflicto en el Caribe, declarado desde 2014 como “zona de paz” por la CELAC.
Con estas declaraciones, tanto Colombia como Venezuela refuerzan sus críticas hacia la política exterior de Washington, advirtiendo que cualquier intervención militar en la región no solo afectaría la soberanía venezolana, sino que podría generar una grave crisis humanitaria y un retroceso en los esfuerzos de integración latinoamericana.
