El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha iniciado el traslado de migrantes irregulares al centro de detención en Guantánamo, Cuba. Esta medida forma parte de una política más amplia destinada a evitar que el país se convierta en un «vertedero de criminales ilegales», según la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Además de los vuelos a Guantánamo, se han establecido acuerdos bilaterales con El Salvador y se ha obtenido la cooperación de Colombia y Venezuela para la repatriación de sus ciudadanos en situación irregular. El plan también contempla la posible repatriación de millones de personas y la eliminación del derecho a la ciudadanía por nacimiento, lo que ha generado fuertes reacciones. Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el impacto de estas medidas, especialmente considerando las denuncias previas de violaciones de derechos humanos en la base de Guantánamo.
