Más de 6.400 estaciones de servicio en Colombia están considerando adoptar el sistema de autoservicio como una medida para enfrentar el impacto económico de la nueva reforma laboral, que incluye la reducción de la jornada de trabajo y mayores costos para los empleadores.
La propuesta permitiría que los conductores llenen sus tanques sin asistencia, como ocurre en varios países del mundo. Sin embargo, esta posible modernización ha encendido las alarmas entre sindicatos y empleados del sector, debido a las implicaciones laborales que tendría.
De acuerdo con el gremio de distribuidores de combustibles, la implementación del autoservicio podría reducir hasta en un 66 % los puestos de trabajo por estación, pasando de un promedio de 9 empleados a solo 3. Esto afectaría directamente a más de 36.000 trabajadores, en un sector que actualmente genera empleo directo para más de 54.000 personas en todo el país.
Un debate entre eficiencia y empleo
Los defensores de la medida argumentan que el autoservicio ayudaría a reducir costos operativos y modernizar el servicio, generando mayor eficiencia, especialmente en ciudades grandes. También señalan que podría abrir la puerta a precios más competitivos para los consumidores.
Sin embargo, los detractores advierten sobre los riesgos sociales de una implementación masiva y rápida. En muchas zonas del país, estos empleos representan el principal sustento para miles de familias. Además, se cuestiona si los usuarios están realmente preparados para un cambio de esta naturaleza, tanto por desconocimiento del sistema como por los riesgos de seguridad que implica la manipulación de combustibles.
¿Una solución intermedia?
Expertos proponen una alternativa gradual o mixta, en la que el autoservicio se implemente inicialmente en zonas urbanas, mientras que en regiones rurales o de difícil acceso se mantenga el modelo tradicional. También se plantea la necesidad de acompañar el cambio con programas de capacitación y reconversión laboral, financiados en conjunto por el Estado y el sector privado.
El tema sigue abierto al debate y se espera que en los próximos meses se definan lineamientos desde el Ministerio de Trabajo y otras autoridades para buscar un equilibrio entre sostenibilidad económica e impacto social.
