El gobierno de España anunció la puesta en marcha de un plan extraordinario para otorgar estatus legal a cerca de 500.000 inmigrantes, en su mayoría procedentes de América Latina, con el objetivo de fortalecer un enfoque migratorio centrado en los derechos humanos y alineado con el desarrollo económico y la cohesión social del país.
La iniciativa fue aprobada este martes (27.01.2026) durante el Consejo de Ministros y beneficiará a personas que lleven al menos cinco meses residiendo en territorio español, que puedan demostrar su llegada antes del 31 de diciembre de 2025 y que no tengan antecedentes penales. Así lo explicó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en declaraciones a la televisión pública.
Según detalló la funcionaria, el proceso de regularización comenzará en abril y se extenderá hasta el 30 de junio. Durante ese periodo, los solicitantes podrán iniciar los trámites necesarios para acceder a permisos que les permitan incorporarse al mercado laboral sin restricciones de sector ni de ubicación geográfica dentro del país.
En rueda de prensa, Saiz calificó la decisión como “un día histórico” y subrayó que el Ejecutivo busca consolidar un modelo migratorio basado en la integración, el respeto a los derechos fundamentales y la convivencia social. Este enfoque contrasta con la tendencia de endurecimiento de las políticas migratorias que predomina en buena parte de la Unión Europea.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido en reiteradas ocasiones el papel clave de la migración en la economía española. De acuerdo con sus cifras, el 80 % del crecimiento económico registrado en los últimos seis años y cerca del 10 % de los ingresos del sistema de seguridad social están vinculados a la aportación de la población migrante.
