Establecieron un espacio de diálogo para analizar los aspectos de inseguridad y violencia en la región.
El primer encuentro de verificación sobre la situación de los Derechos Humanos en el departamento del Cauca fue organizado por la Defensoría del Pueblo de Colombia y liderado por la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz. Este evento reunió a autoridades departamentales y municipales, así como a representantes de diversas organizaciones sociales, con el propósito de identificar las principales problemáticas que afectan a la región. El diálogo abierto permitió abordar la vulnerabilidad del Cauca, marcada por el conflicto armado y la violencia que ha golpeado a sus comunidades.
Carácter urgente
Durante el encuentro, las autoridades locales hicieron un llamado urgente a los grupos armados para que respeten a la población civil. Se anunció también una marcha programada para el 27 de septiembre, en la que se exigirá el respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Entre los temas destacados, la Defensoría subrayó su rol en la mediación humanitaria, resaltando su contribución en la liberación de la concejal Sandra Betancourt, quien había sido secuestrada en El Plateado, Argelia.
Destacó que
“La situación del Cauca es crítica en varios puntos. Se hizo mucho énfasis en temas de prevención de las violaciones de derechos humanos y las infracciones del DIH, ya sea por el conflicto armado o el crimen organizado. Además, del dominio que hay de estos grupos y la afectación a líderes y lideresas sociales. Así como las masacres y el asesinato de firmantes. Y otro tema preocupante y que mencionaron los alcaldes es el reclutamiento forzado de menores”, explicó la Defensora del Pueblo.
El encuentro concluyó con un balance sobre la situación en el Cauca, enfatizando la necesidad de mantener espacios de participación que garanticen la protección de los derechos humanos. Se destacó la urgencia de reducir problemáticas como el reclutamiento forzado de menores, el ascenso del pandillismo, la deserción escolar y la violencia de género. Las autoridades presentes se comprometieron a ofrecer un respaldo institucional permanente para abordar estos desafíos y promover un entorno más seguro para la comunidad.
Se anunció también una marcha programada para el 27 de septiembre, en la que se exigirá el respeto a los derechos fundamentales.
