Los recientes señalamientos de corrupción que salpican a exfuncionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador han comenzado a generar turbulencias políticas para la administración de Claudia Sheinbaum. Aunque la presidenta ha intentado marcar distancia de los hechos y reforzar la idea de un “nuevo ciclo” de transparencia, la oposición y los medios críticos advierten que los escándalos heredados del sexenio anterior amenazan con minar su legitimidad. Casos relacionados con desvío de recursos, contratos irregulares y presunta financiación de campañas electorales han reavivado el debate sobre la continuidad del modelo político impulsado por el partido Morena.
Analistas, como el columnista Mauricio Vargas, sostienen que la sombra del gobierno anterior se ha convertido en un desafío directo para Sheinbaum, quien debe demostrar que su promesa de “honestidad total” no quedará en el discurso. Según Vargas, la presidenta enfrenta una disyuntiva compleja: mantener la lealtad hacia el movimiento fundado por López Obrador o emprender una depuración que podría generar fracturas internas. En un contexto donde la confianza ciudadana es cada vez más volátil, el manejo de estos casos será determinante para el futuro político de su administración.
Mientras tanto, sectores empresariales y académicos piden una revisión profunda de los mecanismos de contratación pública y de control institucional. La presidenta ha reiterado que no habrá impunidad y que cualquier funcionario implicado será investigado, sin importar su filiación política. Sin embargo, el reto no es menor: Sheinbaum deberá equilibrar la estabilidad política del país con la exigencia de una justicia ejemplar, en un escenario donde el legado de López Obrador aún pesa con fuerza sobre la narrativa del poder en México.
