Escándalo por venta de vehículo parroquial de San Miguel de Sema en Boyacá

Una veeduría mostró su satisfacción cuando un carro fue devuelto al trabajo pastoral.
Monseñor Luis Felipe Sánchez.
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Feligreses de la parroquia San Miguel Arcángel en San Miguel de Sema lograron mediante denuncias que la diócesis de Chiquinquirá y la parroquia de la población respondieran por la venta de un vehículo que era de propiedad de la comunidad.

Especificaron que gracias a los procesos de veeduría lograron recuperar el dinero de la venta del automotor, gracias al apoyo de la misma comunidad que reunió el dinero suficiente para poder comprar un vehículo para el servicio de la parroquia.

En un comunicado indicaron que la curia habría dado 20 millones de pesos correspondientes a la venta del carro Vitara 3 puertas, color gris. Luego se habrían realizado algunas actividades y de estas recogieron al parecer otros 20 millones, sumados a otros 20 millones prestados para adquirir un vehículo usado de modelo 2017 de color gris, el cual habría tenido un costo de 61 millones.

La veeduría manifiesta que ellos desde el 2004 se dieron cuenta de que los vehículos de la Diócesis de Chiquinquirá a cargo de Monseñor Luis Felipe Sánchez Aponte habrían sido vendidos y llevados a otros municipios. Fue así como la Parroquia de San Miguel de Sema no tenía este servicio que para ellos era de la comunidad.

«Hoy después de ver nuevamente nuestro vehículo en la  parroquia  nos  da  la  satisfacción del  deber  cumplido que  no  dejamos  que  se  robaran  lo  que  no  les  pertenece, y que no importó que el mismo padre Hermes Augusto Porras Noguera, párroco actual durante una eucaristía haya llamado “terroristas” a aquellos  que  estábamos luchando  por  un  bien  para  el  servicio  de  Él”. 

Agrega el comunicado “Hoy ya tiene el carro para que lo use en su trabajo pastoral y  durante  el  tiempo  que  esté  en  la  parroquia ya  después quedará  para el párroco que  venga, porque este es un bien que le pertenece a la comunidad y así debe quedar  especificado en la tarjeta de propiedad del vehículo».

De esta manera, los habitantes del municipio de San Miguel mostraron su conformidad, indicando que se hizo justicia y que ahora esperan que estos servicios queden claros que son para la comunidad, por lo que hacen un llamado a respetar lo público y que elementos como el vehículo parroquial no sea tomado para temas personales si no para lo social y necesario de la región.


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