Redacción Extra
Una tormenta política sin precedentes sacude al Concejo Municipal de Granada, Meta, en medio de la discusión del proyecto de superávit por $14 mil millones presentado por la administración del alcalde Juan Carlos Mendoza. Lo que parecía ser un trámite presupuestal se convirtió en un campo de batalla marcado por denuncias de corrupción, enfrentamientos personales, acusaciones de coimas y una creciente tensión institucional que amenaza con fracturar aún más el escenario político local.
Discusión
El detonante ha sido la falta de soportes legales y la ausencia de proyectos de inversión certificados en el documento radicado por la Alcaldía, el cual ya ha sido devuelto en tres ocasiones. La concejal Derly Parra Molina, desde su curul de oposición, ha sido una de las voces más críticas, denunciando públicamente presiones indebidas por parte del concejal Michael Suárez Gulloso para cambiar su postura frente al polémico proyecto.
“No me dejo chantajear. No soy ficha de nadie y represento a 10 mil granadinos que me eligieron para ejercer un control real”, expresó Parra durante una intervención pública, en la que además cuestionó la insistencia de aprobar un superávit sin los debidos requisitos legales.
Debate
El debate, sin embargo, trascendió lo técnico y se tornó personal. Suárez Gulloso respondió señalando que Parra haría parte de la «nómina política» del exalcalde Fredy Hernán Pérez, insinuando que sus motivaciones están influenciadas por intereses partidistas. La respuesta de Parra fue contundente: “El que habla de nóminas fue funcionario de Fredy Hernán, vivió de su administración y ahora se disfraza de moralista. Así le paga el diablo a quien bien le sirve”.
A medida que la tensión crece, también lo hacen los rumores. Sectores de la oposición denuncian la posible existencia de ofrecimientos económicos por parte del Ejecutivo local para facilitar la aprobación del proyecto. “El afán de algunos no es el futuro de Granada, sino el dinero que esperan recibir si aprueban este proyecto a la carrera”, expresaron los denunciantes.
Desde la coalición que respalda al alcalde, la narrativa es otra: se acusa a los opositores de frenar el desarrollo del municipio y obstaculizar la ejecución de obras clave como el arreglo de vías y mejoramiento de infraestructura.
En paralelo, ha trascendido que existiría una pugna subterránea por la repartición del superávit. Según fuentes cercanas a las discusiones, sectores de la oposición estarían presionando por acceder a una parte de los recursos, alegando que la coalición ya habría sido beneficiada en decisiones anteriores. Mientras tanto, algunos concejales optan por retirarse del recinto o ausentarse de las votaciones como forma de presión para abrir espacios de negociación.