Durante un debate de control político en el Concejo Municipal, el cabildante Joseph González encendió las alarmas sobre una presunta pérdida de $1.503 millones en un software que no cumplió con su función. Según el concejal, la plataforma ‘Realsit’, contratada a la empresa Realtix, falló estrepitosamente en la gestión del Impuesto Predial, afectando la renta más importante del municipio.
“Encontramos como resultado que la Secretaría de Hacienda le entregó $1.503 millones de pesos a la empresa Realtix por un software que no sirvió, que le generó múltiples complicaciones a los ciudadanos con la renta más importante que tiene el municipio, el impuesto predial”, expresó González, quien además señaló que las fallas fueron tantas que la Administración terminó regresando al antiguo sistema ‘Pisami’, desarrollado por el municipio.
Inconsistencias
González expuso ante el Concejo un ejemplo que evidencia los errores de Realsit: un predio que el 18 de septiembre de 2024 registró un avalúo de $529 millones y un impuesto de $10,3 millones, tuvo una nueva liquidación el 8 de octubre en ‘Pisami Cloud’ con un avalúo menor de $528 millones y un cobro de $10,1 millones. Todo en apenas 20 días.
“¿Estamos ante un detrimento patrimonial o una afectación a las finanzas públicas?, ¿este será el único caso, o habrá más?”, se preguntó el cabildante, quien también reveló que, con la migración de plataformas, se detectaron 14.593 facturas con valores inconsistentes.
El contrato original, firmado en 2021, fue por $7.079 millones, de los cuales $261 millones se destinaron al software. Sin embargo, en 2023 se sumaron $898 millones más, y en 2024, conociendo ya sus deficiencias, se adicionaron otros $343 millones, lo que agravó el malestar entre los contribuyentes.
Además, el concejal criticó el rezago en atención ciudadana: en 2023 se recibieron 3.728 solicitudes relacionadas con el predial, y el 76% se resolvieron fuera de los tiempos legales.
Este debate deja sobre la mesa múltiples interrogantes sobre la gestión de los recursos públicos, la idoneidad del contratista, y la capacidad de la Administración Municipal para garantizar servicios digitales eficientes.
