Concejales de Tunja advierten posibles irregularidades en la contratación para la actualización catastral y solicitan explicaciones a la alcaldía sobre la modalidad y justificación del proceso.
El proceso de actualización catastral en Tunja, programado para la vigencia 2025 y con un presupuesto superior a los $10. 259.632.000. millones de pesos, ha generado controversia debido a la modalidad de contratación que pretende emplear la Administración Krasnov. Un grupo de concejales, compuesto por Román Quintero Corredor, Javier Mesa Fúneme, Julián López Liton, Simón Parra Bohórquez y Edwin Rodríguez Avendaño, ha elevado un derecho de petición en el que solicita explicaciones detalladas sobre la fundamentación técnica y jurídica de la contratación administrativa en lugar de otras modalidades más usuales, como la licitación pública o el concurso de méritos.
El cuestionamiento principal radica en la falta de claridad sobre la justificación para optar por una contratación administrativa en un proceso que, por su naturaleza y monto, suele convocarse mediante mecanismos que garantizan mayor competencia y pluralidad de oferentes. La contratación administrativa podría reducir la posibilidad de participación de varias entidades con experiencia en la actualización catastral, como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y municipios habilitados como gestores catastrales, que han desarrollado procesos similares bajo esquemas de licitación. La ausencia de una competencia real podría generar suspicacias sobre la idoneidad y transparencia de la selección del contratista.
La solicitud presentada por los concejales exige la entrega de documentos clave, entre ellos el estudio previo del proceso contractual, la justificación de la modalidad de contratación directa, el análisis del sector, el estudio de mercado y la acreditación de experiencia de la empresa seleccionada. Estos documentos permitirían verificar si la elección de este mecanismo de contratación responde a criterios técnicos sólidos o si existen factores que limitan la transparencia del proceso. Asimismo, buscan determinar si se han considerado otras opciones que garanticen un manejo más eficiente y equitativo de los recursos públicos.
Más allá de la discusión técnica, la cuestión pone en el centro del debate la gestión de los recursos públicos y la necesidad de que las decisiones de contratación sean adoptadas con criterios claros y verificables. La ciudadanía y los entes de control deberán estar atentos a la respuesta de la Administración municipal y a la justificación que se presente para la selección de la modalidad contractual. En un contexto donde la confianza en las instituciones es clave, la rendición de cuentas y la transparencia deben ser prioritarias para evitar suspicacias sobre posibles favorecimientos en la adjudicación de contratos. La vigilancia ciudadana y el papel de los órganos de control serán determinantes para esclarecer cualquier duda que pueda surgir en torno a este proceso y garantizar que los recursos sean utilizados de manera justa y eficiente.
