En un acto que ha generado indignación entre ciudadanos y observadores políticos, el alcalde Francisco Enrique Calderón Feriz demostró una vez más que se considera por encima de la normativa nacional. Fuentes locales denuncian que, en pleno vigor de la Ley de Garantías Electorales (Ley 996 de 2005), el mandatario realizó inauguraciones de obras públicas, entrega de recursos y posiblemente celebración de contratos administrativos, actividades expresamente vetadas para evitar el uso clientelista de los recursos del Estado en contextos electorales.
Ley
La Ley de Garantías, reactivada desde noviembre de 2025 para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, impone restricciones estrictas a las entidades territoriales: prohibición de convenios interadministrativos con ejecución de recursos públicos desde el 8 de noviembre, y limitaciones adicionales en contratación directa a partir del 31 de enero de 2026. Su objetivo es claro: garantizar equidad en la contienda y prevenir que los incumbentes utilicen la maquinaria estatal para ganar ventajas burocráticas o electorales.
Sin embargo, Calderón Feriz parece ignorar estas disposiciones. Testimonios recolectados indican que el alcalde ha continuado con eventos públicos que incluyen corte de cintas en proyectos de infraestructura, distribución de ayudas y anuncios de nuevas adjudicaciones, prácticas que, como dice el refrán popular, «se las pasó por la galleta». Estos actos no solo vulneran la letra de la ley –que exige abstención total en los cuatro meses previos a comicios nacionales–, sino que erosionan la confianza en las instituciones democráticas.
Situación crítica
Críticos locales señalan que tales acciones podrían tener tintes electorales indirectos, beneficiando aliados políticos o consolidando redes clientelares en un departamento como Huila, donde la competencia por recursos es feroz. ¿Acaso el alcalde busca perpetuar su influencia más allá de su mandato actual (2024-2027), o simplemente desprecia los controles que rigen a todos los mandatarios del país?
La Procuraduría General de la Nación, encargada de velar por el cumplimiento disciplinario, debe actuar de inmediato. Hasta ahora, no se conoce investigación formal contra Calderón por estos hechos específicos, a pesar de antecedentes en el municipio relacionados con irregularidades contractuales en administraciones pasadas. La pasividad del órgano de control enviaría un mensaje peligroso: que los alcaldes pueden incumplir impunemente normas diseñadas para proteger la democracia.
Organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE) han advertido repetidamente sobre los riesgos de relajar estas garantías, recordando que su aplicación rigurosa es esencial para una contienda justa en 2026. En Garzón, el silencio institucional agrava la percepción de impunidad.
