La contralora de IBAGUÉ, MARGARITA MURCIA, y su esposo, el abogado Antonio Fajardo, fueron denunciados por apropiarse de una casa campestre avaluada en $1.200 millones sin cumplir con el pago pactado. Según un funcionario de la misma Contraloría, solo entregaron $50 millones de los $100 millones iniciales y luego se mudaron, sin abonar más. El inmueble está en Quintas Casa Verde. Este caso se suma a otros señalamientos por irregularidades, fiestas privadas, presión política y contratos públicos en Ibagué.
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