La sesión del Concejo Municipal de Ibagué este miércoles 19 de marzo se vio interrumpida por un intenso cruce de palabras entre el concejal Arturo Castillo y el personero municipal Educardo Espinosa. El episodio, que dejó al descubierto las tensiones entre los órganos de control y los representantes de la corporación, comenzó cuando Castillo acusó a Espinosa de utilizar la Personería para hacer campaña política.
“Utiliza la Personería para hacer campaña”, denunció Castillo con tono firme, elevando la tensión en el recinto. El concejal no solo cuestionó el actuar del personero, sino que también lo acusó de ignorar una citación al Concejo sin justificación alguna. “Usted no vino a una citación, no se excusó, ni presentó una incapacidad, ni explicó por qué no asistió. Hubo una citación a debate de control político que lo otorga la norma, y no cumplió. Ese es el punto”, sentenció Castillo. La respuesta de Espinosa no se hizo esperar. Con un discurso vehemente, el funcionario defendió su autonomía y rechazó los señalamientos. “Así como el personero no es quien para decirle cómo desarrolle sus labores de concejal, usted tampoco es quien para decirme cómo debo ejecutar mis funciones como personero. Mis funciones están descritas en la ley y las conozco perfectamente. Que a algunos no les guste, yo no puedo hacer nada con eso”, afirmó tajante.
Más allá del cruce verbal, el episodio deja entrever un trasfondo político que trasciende lo administrativo. En los pasillos del Concejo ya se comenta sobre las tensiones acumuladas entre algunos concejales y el personero municipal, quien ha sido blanco frecuente de críticas por su supuesto proselitismo encubierto y su escasa disposición al control político.
Este tipo de choques no son nuevos en la política local, pero sí ilustran con nitidez la fragilidad institucional que se esconde detrás del formalismo jurídico. La Personería, por mandato constitucional, debe ser garante de derechos y veedora del funcionamiento del poder público. Sin embargo, cuando su titular termina enfrentado con el Concejo, se erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.
