En San Andrés de Sotavento, Córdoba, el presidente Gustavo Petro entregó 466 hectáreas de tierra al resguardo indígena Zenú y enmarcó el acto como parte de un proceso estructural que definió como “la reforma agraria más grande del mundo”. Según el mandatario, este esfuerzo busca corregir un historial de despojo violento, concentración de tierras y captura mafiosa del Estado que ha afectado al campesinado, a los pueblos indígenas y a las comunidades étnicas durante décadas.
La reforma agraria: eje del Gobierno Petro
Petro recordó que desde su campaña prometió una transformación profunda del acceso a la tierra, pues considera que la democratización del suelo es una condición básica para una verdadera democracia. Aseguró que, históricamente, la tierra fértil en Colombia fue concentrada de forma violenta, mediante masacres, desplazamientos y alianzas criminales que buscaban apropiarse del territorio productivo.
Por ello, anunció que el Gobierno hará un balance final con la Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia Nacional de Tierras y la SAE, con el objetivo de acelerar la entrega de la “bolsa de tierras” obtenida por restitución, compra o extinción de dominio. Insistió en que esas tierras no pueden quedarse en manos del Estado, sino que deben ser adjudicadas al campesinado y las víctimas.
Acaparamiento, parapolítica y redes de poder
El presidente reveló que la Agencia Nacional de Tierras identificó un proceso masivo de acaparamiento de baldíos por parte de congresistas: según cifras que citó, el 30 % estaría involucrado. Petro relacionó ese fenómeno con el 35 % de senadores presos durante el escándalo de la parapolítica, afirmando que ambas cifras muestran la alianza histórica entre élites regionales y grupos paramilitares para despojar a los campesinos y apropiarse de las tierras.
Calificó a estas estructuras como “ladrones de la tierra que se sentaban en la Casa de Nariño” y aseguró que su estrategia consistió en quitarle la tierra al campesinado para entregarla a poderes económicos y políticos locales, lo que explica la persistente dificultad para avanzar en la restitución.
El caso Guaymaral y el origen de las fortunas
Petro volvió a mencionar la hacienda Guaymaral como ejemplo emblemático del despojo y la corrupción en Colombia. Recordó sus denuncias de que este predio, vinculado inicialmente al fundador del paramilitarismo Ángel Gaitán Mahecha, terminó en manos de figuras cercanas al expresidente Andrés Pastrana, y que posteriormente fue urbanizado en condiciones irregulares, multiplicando su valor.
Afirmó que hoy parte de la urbanización pertenece al hermano de Bernie Moreno, empresario y político en EE. UU. que, según Petro, está promoviendo señalamientos falsos sobre él ante el gobierno de Donald Trump. Para el Presidente, este caso es un símbolo de cómo unas pocas familias se han enriquecido utilizando bienes del Estado.
El voto, las mafias y la captura del Estado
El Presidente advirtió que la compra de votos continúa siendo una de las principales herramientas para que las mafias capturen el Estado. Ordenó expresamente a la Policía Nacional perseguir a quienes compran votos y aseguró que estos actores son parte de estructuras criminales que buscan mantener el control político y económico.
Insistió en la necesidad de una ciudadanía consciente: “el pobre que vote por el megarico está votando por su verdugo”. Para él, la lucha por la tierra está directamente conectada con la lucha contra la corrupción y la defensa de la democracia.
Despojo paramilitar y el “segundo robo”
Petro también abordó la situación de las tierras entregadas por paramilitares en procesos de justicia y paz. Explicó que una sentencia judicial ordenó que la reparación a víctimas fuera monetaria, lo que obligó a vender esas tierras. Posteriormente, muchos de esos predios volvieron a caer en manos de testaferros, políticos locales o aliados regionales, lo que calificó como un segundo despojo.
Aseguró que estas investigaciones deben llegar “hasta el final” porque demuestran cómo la clase política se apropió nuevamente de tierras destinadas para la reparación.
Objetivos y cifras de la reforma agraria
Petro anunció varias metas concretas:
- Compra adicional de 150.000 hectáreas.
- Entrega de otras 150.000 hectáreas por parte de la Unidad de Víctimas.
- Una “bolsa” ya existente de 750.000 hectáreas en manos del Gobierno.
Con esto, el país estaría cerca del millón de hectáreas en proceso de ser devueltas al campesinado. La meta final establecida por la Constitución y por los acuerdos vigentes es entregar 3 millones de hectáreas; a su gobierno le corresponde avanzar en el primer millón, mientras que al siguiente le correspondería completar los 2 millones restantes.
Petro recalcó que estas tierras no deben orientarse a ganadería extensiva, sino a proyectos agrícolas que generen empleo, riqueza y seguridad alimentaria.
Cierre: tierra, memoria y democracia
El acto con el pueblo Zenú, según Petro, sintetiza una lucha histórica: desmontar la captura mafiosa del Estado, reparar a las víctimas, restituir tierras a quienes las trabajan y construir una democracia donde la riqueza no esté concentrada en pocas manos.
Para el Presidente, el resultado de este proceso —medido en hectáreas devueltas, víctimas reparadas y poder redistribuido— definirá si Colombia puede afirmar, con fundamento, que llevó a cabo la reforma agraria más grande del mundo.
