El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, compareció ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes para informar sobre los esfuerzos del Gobierno Nacional en la recuperación del control territorial en el Cañón del Micay, en el municipio de Argelia, Cauca. Durante su intervención, el ministro destacó la importancia de la región, marcada por la presencia de grupos armados ilegales que han venido desafiando la autoridad del Estado. La intervención del Gobierno busca garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades que habitan en esta zona del suroccidente colombiano.
Uno de los puntos más importantes que Sánchez abordó fue el tráfico ilegal de gasolina, un fenómeno que ha cobrado gran relevancia en la financiación de los grupos armados en la región. Según el ministro, este delito no solo afecta la economía local, sino que también alimenta la violencia y el conflicto armado. En su exposición, hizo énfasis en la necesidad de erradicar estas prácticas ilícitas que han permitido a los grupos ilegales consolidar su poderío en el territorio.
Sánchez explicó que, junto con el Ministerio de Minas y el Ministerio de Justicia, el Gobierno está llevando a cabo un diagnóstico detallado sobre la situación de las estaciones de gasolina en el suroccidente del país. Como parte de este proceso, se identificó que en el departamento de Nariño, un 45 % de las estaciones de servicio no cuentan con los permisos necesarios, lo que ha llevado a las autoridades a evaluar su cierre definitivo. “Si una estación de servicio no tiene el permiso del Ministerio de Minas y Energía, se cierra”, advirtió el ministro, subrayando que el Gobierno no permitirá la distribución de combustible ilegal bajo ninguna circunstancia.
Además, Pedro Sánchez detalló que gran parte de la gasolina ilegal proviene de Yumbo, Valle del Cauca, desde donde es desviada hacia Nariño y luego trasladada clandestinamente al Cañón del Micay a través del corredor del Estrecho. Esta ruta ha sido utilizada por los grupos armados para surtirse de combustible, lo que, según el ministro, agrava aún más la situación de seguridad en la zona. Por último, el Gobierno ha establecido un protocolo de sanciones inmediatas para cualquier vehículo detectado desviando combustible hacia áreas controladas por grupos armados. Esta medida busca desmantelar una de las principales fuentes de financiamiento de estos actores ilegales y garantizar que el control del Estado sobre la región sea efectivo.
