La Sala Plena de la Corte Constitucional dejó sin efectos la intervención administrativa que la Superintendencia Nacional de Salud había ordenado sobre la EPS Sanitas, medida que se había iniciado en abril de 2024 y prorrogado hasta abril de 2025.
La decisión del máximo tribunal constitucional colombiano se dio en respuesta a una acción de tutela presentada por la EPS y sus filiales, en la que se argumentó que la intervención vulneró el derecho fundamental al debido proceso, ya que no se garantizaron las debidas garantías procesales ni la participación adecuada de las entidades afectadas.
Con la sentencia, la Corte revocó tres resoluciones previas que ordenaban, corregían y prorrogaban la intervención, además de anular fallos judiciales que habían declarado improcedente la tutela.
Desde el gobierno del presidente Gustavo Petro, la Superintendencia de Salud había justificado la intervención alegando una insuficiencia patrimonial de Sanitas que ponía en riesgo la prestación del servicio de salud a sus más de 5,7 millones de afiliados. Sin embargo, la Corte señaló que la Supersalud no tuvo en cuenta órdenes previas del alto tribunal relacionadas con la actualización del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y otros aspectos técnicos fundamentales para evaluar la situación financiera real de la EPS. Esta omisión fue clave para que se considerara que la medida fue tomada sin un análisis riguroso y serio, afectando el derecho al debido proceso.
Una vez conocida la decisión de la Corte Constitucional, funcionarios del gobierno defendieron la intervención como una medida necesaria para proteger a los usuarios y garantizar la continuidad del servicio, aunque reconocieron la importancia de respetar las garantías judiciales. Por su parte, representantes de Sanitas y el grupo Keralty calificaron la intervención como “arbitraria, improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria”. Además, denunciaron posibles conflictos de interés en la actuación del entonces superintendente Luis Carlos Leal, quien había expresado críticas públicas al modelo de aseguramiento y a las EPS, lo que, según ellos, comprometió la imparcialidad del proceso.
En cuanto a los posibles escenarios tras el detrimento patrimonial de la EPS, expertos advierten que la anulación de la intervención no resuelve los problemas financieros que Sanitas pueda tener. La falta de una supervisión efectiva podría agravar la situación económica y operativa de la entidad, lo que a largo plazo podría afectar la calidad y continuidad de los servicios para sus afiliados. Además, la incertidumbre jurídica y administrativa podría desincentivar inversiones y generar un efecto dominó en el sistema de aseguramiento en salud, con riesgos para la sostenibilidad del sector.
