Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, interpuso una nueva acción de tutela con el propósito de obtener su libertad definitiva, argumentando que el acuerdo de reparación que firmó con TransMilenio y su condición de madre cabeza de familia no fueron debidamente considerados en decisiones previas.
Según su solicitud, la tutela fue admitida para estudio por parte de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha ordenado recolectar conceptos y documentación relacionada para resolver el caso. En su argumento jurídico, Barrera alega que derechos fundamentales como el debido proceso, la igualdad y el principio de favorabilidad han sido vulnerados, ya que no se valoró de forma integral su situación personal al momento de judicializar su caso.
El pacto firmado con TransMilenio el 18 de septiembre es central en esta estrategia legal. En él, Epa Colombia se comprometió a reparar los daños ocasionados a la estación Molinos en noviembre de 2019, estimados en 467 millones de pesos. Como parte del acuerdo aceptado, se comprometió a entregar 100 millones en efectivo, asumir labores pedagógicas y sociales, ofrecer disculpas públicas y prestar servicio comunitario en estaciones del sistema de transporte.
Actualmente, Epa Colombia cumple parte de su condena en una unidad militar en Bogotá, tras haber permanecido siete meses en la cárcel El Buen Pastor. Con esta nueva tutela, su defensa aspira a que se revoque la orden de detención y que su condena se cumpla bajo mecanismos no privativos de la libertad.
