Un nuevo testimonio sacude el caso por presunta corrupción en la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). María Alejandra Benavides,
exasesora del entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, relató cómo
funcionaba un supuesto acuerdo político para repartir contratos de la entidad a
cambio de apoyo en el Congreso. En sus declaraciones, Benavides mencionó al
exrepresentante a la Cámara Juan Diego Muñoz como uno de los beneficiarios del
esquema.
Versión
Según su versión, Bonilla habría autorizado el envío de proyectos a la UNGRD que,
en paralelo, eran objeto de negociación con congresistas, quienes exigían cupos
indicativos como compensación por respaldar las iniciativas del Gobierno en el
legislativo. Benavides detalló que los acuerdos se concretaban en medio de un
reparto proporcional de los contratos, donde distintos actores políticos obtenían
beneficios en función de su grado de apoyo o intermediación.
En ese entramado, explicó la exfuncionaria, aparecía el nombre de Juan Diego
Muñoz, quien, aunque ya no ostentaba una curul en el Congreso, habría intervenido
para favorecer a un congresista cercano a su línea política y garantizarle
participación en la distribución de los contratos. De acuerdo con versiones
extraoficiales, dentro de la fórmula pactada para el reparto —identificada como “20-
20-20-10-10-10”—, Muñoz figuraba con una participación del 10 %, lo que lo situaría
como parte del grupo de dirigentes que, presuntamente, buscaban acceder a
recursos públicos a cambio de respaldo político.
Tesis
El testimonio plantea que, pese a no ocupar un cargo público, Muñoz habría
mantenido influencia en las negociaciones y en el direccionamiento de recursos de
la UNGRD. La declaración de Benavides también refuerza la tesis de que la entidad
habría sido utilizada como herramienta de intercambio político para asegurar votos
favorables a los proyectos del Gobierno en el Congreso, un patrón que las
autoridades investigan dentro del escándalo conocido como el ‘cartel de la UNGRD’.
Este nuevo señalamiento se suma a la lista de nombres mencionados en el caso,
que involucra a altos funcionarios y congresistas, y que continúa revelando cómo se
habría configurado una red de intereses políticos y económicos al interior del
Estado. Las autoridades competentes aún no han emitido pronunciamiento oficial
sobre las declaraciones que comprometen al exrepresentante Muñoz, mientras la
investigación avanza para determinar la veracidad de los hechos y las posibles
responsabilidades penales derivadas.