Una nueva tormenta política se cierne sobre el municipio de Gigante, Huila, tras la aparición de denuncias ciudadanas que apuntan directamente a la Secretaría de Desarrollo Social, encabezada por Luz Adriana Losada, por su presunta participación u omisión en hechos que hoy generan serios interrogantes sobre la transparencia en el uso de los recursos públicos.
La controversia surge a raíz del Convenio Interadministrativo No. 023 de 2025, celebrado entre el municipio y el Fondo Mixto de Cultura y Turismo del Huila (FOMCULTURA), por un valor superior a los $206 millones, destinados a actividades recreativas, deportivas y de ambientación navideña. Aunque el objeto del contrato se enmarca dentro de acciones sociales, el foco del debate no está en la festividad, sino en cómo, con quién y bajo qué criterios se ejecutaron los recursos.
El rol de la Secretaría
De acuerdo con los señalamientos conocidos, la Secretaría de Desarrollo Social habría presentado informes de gastos de manera global, sin desagregar actividades, bienes o servicios específicos, una práctica que, según expertos en control fiscal, dificulta la trazabilidad del dinero público y limita el ejercicio efectivo de vigilancia ciudadana e institucional.
Este punto resulta especialmente delicado, dado que Luz Adriana Losada no solo figura como secretaria del área, sino que además tendría relación directa con la supervisión del contrato, lo que la ubica en una posición clave dentro del proceso. Para los denunciantes, esta doble condición incrementa la responsabilidad política y administrativa de la funcionaria.
Vínculos familiares
La polémica se intensifica con la mención de presuntos vínculos familiares entre personas relacionadas con la entidad contratista y miembros de la administración municipal. En particular, se señala que María José Mora Celis, vinculada a la corporación relacionada con la ejecución de actividades, tendría parentesco con la secretaria de Desarrollo Social, situación que, de confirmarse, podría configurar un conflicto de interés.
Aunque estos hechos no han sido judicialmente probados, el solo señalamiento ha encendido las alarmas en un municipio donde la ciudadanía exige reglas claras, distancia entre lo público y lo familiar, y decisiones libres de cualquier sombra de favoritismo.
¿Política con luces navideñas?
Otro de los cuestionamientos que circulan en el debate público es el enfoque del gasto, pues algunos sectores consideran que la priorización de recursos en eventos decembrinos contrasta con necesidades urgentes en materia de vías, vivienda e infraestructura básica. Para los críticos, este tipo de inversiones podría responder más a estrategias de visibilidad política que a un impacto social sostenible.
Silencio y expectativa
Hasta el momento, ni la Secretaría de Desarrollo Social, ni la administración municipal, ni FOMCULTURA han emitido un pronunciamiento oficial que aclare los señalamientos. El silencio institucional, lejos de apaciguar la controversia, ha alimentado la percepción de opacidad y ha fortalecido las voces que piden explicaciones públicas.
Este medio reitera que las denuncias tienen carácter presuntivo y que las personas mencionadas gozan de presunción de inocencia. No obstante, la dimensión política del caso ya está sobre la mesa. La credibilidad de la gestión social en Gigante enfrenta hoy uno de sus mayores retos, mientras los organismos de control avanzan en la revisión del caso.
