En un paso crucial en la lucha contra las pandillas en El Salvador, una Corte contra el Crimen Organizado ha decidido enviar a juicio a un total de 252 pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS13), acusados de estar involucrados en más de 200 casos de violencia y crimen organizado, incluyendo 42 homicidios, 43 desapariciones y asesinatos, y 7 feminicidios, según informó la Fiscalía General de la República (FGR) el viernes 20 de diciembre. Los procesados pertenecen a diferentes ‘clicas’ (grupos) de la MS13, y operaban en diversas zonas de los municipios de Santa Tecla y La Libertad, cercanos a la capital, San Salvador.
Juicio
La Fiscalía detalló que los pandilleros enfrentan cargos por varios delitos graves, entre ellos homicidio agravado, extorsión, posesión de drogas, y la conformación de agrupaciones ilícitas. De acuerdo con el informe oficial, además de los 42 homicidios, los procesados son responsables de 29 casos de conspiración para homicidio y una serie de extorsiones que han afectado gravemente a la población de esas regiones.
La decisión de enviar a juicio a los 252 pandilleros se da en un contexto de intensificación de la guerra del gobierno salvadoreño contra las pandillas, en el marco de la implementación del régimen de excepción desde marzo de 2022, que suspende algunas garantías constitucionales y facilita la detención masiva de presuntos miembros de estas organizaciones criminales.
Régimen
Aunque la medida de excepción, que ha permitido la detención de más de 86.000 personas presuntamente vinculadas con pandillas o con la colaboración con estas bandas criminales, ha sido aclamada por sectores que apoyan la dura estrategia contra las pandillas, también ha generado preocupaciones entre organizaciones humanitarias y defensores de derechos humanos.
Desde la implementación del régimen de excepción, se han recibido más de 6.400 denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos, principalmente relacionadas con detenciones arbitrarias y torturas. Además, se ha reportado la muerte de más de 340 detenidos bajo custodia estatal, muchos de ellos con signos de violencia, lo que ha generado una creciente controversia sobre los métodos utilizados en la lucha contra las pandillas.
Diversos grupos de derechos humanos han cuestionado las condiciones de detención y el trato a los detenidos, señalando que la lucha contra la criminalidad no debe vulnerar los derechos fundamentales de las personas, incluso si están involucradas en actividades ilícitas.
Impacto
El caso de los 252 pandilleros enviados a juicio resalta una de las prioridades del presidente Nayib Bukele, quien ha hecho de la seguridad pública y la lucha contra las pandillas el eje principal de su gobierno. La medida de excepción le ha valido un amplio apoyo popular, especialmente en sectores de la sociedad que se sienten desprotegidos ante la creciente violencia en las calles, controlada en gran parte por las pandillas, y ha sido uno de los principales factores que contribuyó a la reelección inmediata de Bukele, a pesar de que la constitución salvadoreña prohíbe la reelección consecutiva.
Sin embargo, la persistente violencia en el país, el temor generalizado de la población ante los actos de pandillerismo, y las implicaciones de los derechos humanos continúan siendo puntos álgidos en el debate nacional e internacional. La participación de jóvenes y niños en las pandillas sigue siendo uno de los problemas más graves de El Salvador, con una generación de salvadoreños atrapada entre la pobreza, la falta de oportunidades y la amenaza constante de las organizaciones criminales.
A pesar de las críticas, el gobierno de Bukele ha defendido su estrategia, destacando que las medidas de excepción han tenido un impacto positivo en la disminución de la tasa de homicidios en el país. En los últimos meses, El Salvador ha experimentado una notable reducción en los asesinatos, un fenómeno que se ha celebrado tanto a nivel nacional como internacional.
Sin embargo, los organismos internacionales y defensores de los derechos humanos continúan solicitando que el gobierno implemente reformas para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las personas detenidas y que se garantice un proceso judicial justo. La falta de transparencia y el uso de prácticas extrajudiciales son preocupaciones recurrentes en la comunidad internacional.
El juicio a los 252 pandilleros es un paso significativo en la lucha contra la Mara Salvatrucha y otras pandillas que operan en El Salvador, aunque también pone en evidencia las complejas y controvertidas dinámicas de la violencia y la criminalidad en el país. Mientras se avanza en la judicialización de casos de crimen organizado, El Salvador sigue enfrentando el desafío de equilibrar la seguridad pública con el respeto a los derechos humanos.
Con el futuro del régimen de excepción aún en discusión, la lucha por la paz y la justicia en El Salvador continúa siendo uno de los temas más cruciales para su población, que espera ver resultados concretos no solo en la detención de los criminales, sino también en la construcción de un sistema judicial justo y en la creación de alternativas para una sociedad más segura y equitativa.
