Argentina enfrenta una de las crisis de salud más graves de su historia reciente. Al menos 87 personas murieron tras recibir fentanilo contaminado con bacterias ultrarresistentes. El medicamento, usado como analgésico en hospitales y clínicas, habría sido distribuido en miles de ampollas infectadas producidas por los laboratorios HLB Pharma Group y Ramallo SA. “Entró al hospital y terminó muerto”: Tragedia por fentanilo contaminado en Argentina.
Las muertes comenzaron a registrarse a finales de 2024, pero no fue hasta mayo de 2025 que las autoridades confirmaron el origen del brote. Según el juez federal Ernesto Kreplak, se hallaron las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii tanto en pacientes fallecidos como en frascos de la droga. Se calcula que más de 300.000 ampollas infectadas fueron repartidas en distintos centros médicos del país.
Historias que exigen justicia
Entre las víctimas está Leonel Ayala, un joven licenciado en educación musical que ingresó al hospital por un cálculo renal y terminó muerto en cuestión de horas. Su hermano David recuerda que se estaba recuperando tras una cirugía, hasta que una fiebre repentina y fallas orgánicas lo llevaron a un desenlace fatal.
En el Hospital Italiano de La Plata, donde murió Leonel, fallecieron al menos ocho pacientes más en pocos días. Esto encendió las alarmas y llevó a investigar las ampollas de fentanilo, encontrando que estaban contaminadas. Los familiares crearon un grupo llamado “Unidos por la justicia de las víctimas del fentanilo mortal”, desde donde comparten información y buscan confirmar si más muertes están relacionadas con el lote infectado.
Te puede interesar: BeReal: la red social que elimina los filtros y apuesta por lo real
Investigación y presión política
La Cámara de Diputados de Argentina aprobó un dictamen que exige al Gobierno un informe urgente sobre el caso. El documento incluye 25 preguntas clave sobre la trazabilidad de los medicamentos, el rol de la ANMAT y la responsabilidad de los laboratorios.
El juez Kreplak mantiene bajo investigación a 24 personas, entre ellas directivos de las empresas productoras. También ordenó incautar todos los lotes sospechosos y prohibió la salida del país de los acusados. Mientras tanto, las familias insisten en que esta tragedia no debe repetirse y exigen protocolos estrictos de control.
