En un esfuerzo contundente por combatir los delitos que vulneran la integridad de los menores de edad en la capital del Valle del Cauca, una fiscal adscrita a la Seccional Cali de la Fiscalía General de la Nación lideró las diligencias judiciales contra Víctor Fandiño. Durante el desarrollo de las audiencias concentradas, el ente acusador presentó un material probatorio sólido para imputar formalmente al detenido el delito de acto sexual violento, una conducta tipificada en el Código Penal colombiano que conlleva severas sanciones.
A pesar de la contundencia de los elementos materiales probatorios y la evidencia física recaudada por los investigadores, el procesado decidió, en ejercicio de su derecho constitucional, no aceptar los cargos formulados en su contra. No obstante, tras analizar la gravedad del comportamiento imputado y la necesidad de proteger a la víctima, un juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía. En consecuencia, el togado determinó imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad, ordenando que el investigado sea trasladado a un centro carcelario bajo custodia del INPEC mientras el proceso penal avanza hacia la etapa de juicio.
La captura de Fandiño no fue un hecho aislado, sino el resultado de una operación coordinada. La orden judicial fue materializada de manera efectiva por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes contaron con el apoyo estratégico de unidades de la Policía Nacional. Tras el operativo, se realizaron los procedimientos de reseña y legalización para dejar al individuo plenamente a disposición de las autoridades competentes, garantizando el debido proceso en cada etapa.
Este caso ha resonado con fuerza en distintos sectores de la sociedad caleña. La preocupación es latente debido a la naturaleza del delito y, especialmente, por tratarse de una presunta agresión contra una menor de edad, un grupo poblacional que goza de protección constitucional reforzada. La indignación colectiva ha puesto de manifiesto la urgencia de fortalecer los entornos protectores para la infancia.
En respuesta a este panorama, las autoridades departamentales y nacionales han reiterado un llamado urgente a la ciudadanía: es imperativo denunciar cualquier situación que ponga en riesgo los derechos o la integridad física y emocional de niños, niñas y adolescentes. Se recordó a la comunidad que existen rutas de atención inmediata, líneas de emergencia y programas de acompañamiento psicosocial diseñados específicamente para las víctimas de violencia sexual y sus familias.
Finalmente, la Fiscalía General de la Nación reafirmó su compromiso de continuar con el proceso investigativo.
