El 4 de septiembre de 2025, en Neiva, el Juzgado Trece Penal Municipal con función de control de garantías adelantó la audiencia de imputación contra el concejal Abel Mendoza Vásquez. La diligencia, radicada bajo el número 41001-60-00078-2025-00673, fue impulsada por la Fiscalía, que lo señaló de haber cometido el delito de usurpación de funciones públicas.
De acuerdo con el ente acusador, entre el 3 de junio de 2021 y noviembre de 2024, Mendoza habría asumido de manera irregular el rol de inspector de policía urbana. En ese lapso, según las investigaciones, habría recibido de manera indebida recursos que ascienden a la suma de $53.560.080, entregados por una víctima que confió en su aparente investidura.
Política y justicia
Este proceso judicial no es un hecho aislado, sino un síntoma de un problema más profundo: la facilidad con la que algunos dirigentes locales transitan por la delgada línea entre la política y la ilegalidad. La figura de un concejal investigado por apropiarse de funciones que no le corresponden genera un precedente incómodo en el cabildo de Neiva y, sobre todo, en la ciudadanía que lo eligió.
Mendoza, quien debería ser garante de transparencia, está hoy en el banquillo de los señalados. La polémica no solo recae sobre él, sino sobre la institucionalidad que permitió que durante más de tres años un funcionario elegido popularmente pudiera ejercer actividades propias de otra autoridad sin que nadie alzara la voz de alarma.
Efectos políticos
La imputación no implica aún una condena, pero sí lanza una sombra de duda que afecta la credibilidad del Concejo Municipal. ¿Cómo confiar en un organismo que legisla sobre los destinos de la ciudad cuando uno de sus integrantes enfrenta un proceso de esta magnitud? El debate no se limita al plano jurídico, se traslada al escenario político y social.
El caso de Abel Mendoza refuerza la percepción de que la política local está atravesada por intereses personales, donde el límite entre la función pública y la apropiación de beneficios se desdibuja. La ciudadanía, que ya padece el desgaste de la corrupción en sus múltiples formas, ve cómo un nuevo capítulo erosiona la legitimidad de sus representantes.
Golpe a la confianza
La pregunta que queda en el aire es si la justicia actuará con celeridad y contundencia o si este será un proceso más que se diluye entre aplazamientos y maniobras jurídicas. La legitimidad del Concejo de Neiva está en juego, y con ella, la confianza ciudadana en los procesos democráticos locales.
El caso Mendoza es, en esencia, un recordatorio de que los políticos no solo deben ser electos, también debe comportarse a la altura de la investidura que portan. La comunidad espera claridad, respuestas y, sobre todo, resultados concretos de una justicia que no puede darse el lujo de titubear.
