Una creciente controversia rodea a la alcaldesa de El Agrado, María Nelfi Rincón Méndez, tras las denuncias públicas de Alicia Jara, campesina de la vereda San José de Belén, quien asegura ser víctima de una presunta persecución institucional que pone en entredicho el uso del poder local. El caso ha despertado inquietudes sobre la relación entre autoridad, espacio público y trabajo.
Denunciado
Alicia se dedica al cultivo de piña y a su venta en la vía que comunica a El Agrado con Garzón. Según su testimonio, en reiteradas ocasiones la Policía le ha solicitado retirar su puesto, argumentando que el terreno donde se ubica sería propiedad privada, presuntamente vinculada a la mandataria municipal. La campesina sostiene que su actividad se desarrolla en una zona verde pública, sin afectar a terceros.
Trabajo o intimidación
Para la vendedora, la situación va más allá de un procedimiento administrativo. Afirma que solo busca trabajar honestamente para sostener a su familia y que la constante presencia policial le genera temor y hostigamiento. Sectores ciudadanos cuestionan si la intervención responde a un interés público o a un conflicto de intereses no aclarado.
Promesas en el recuerdo
Alicia Jara recuerda que, durante la campaña electoral, la hoy alcaldesa visitó su vivienda y prometió respaldo a campesinos y agricultores. La comunidad, asegura, respaldó masivamente esa propuesta en las urnas. Hoy, ese discurso contrasta con la realidad que enfrenta una mujer del campo.
Hasta el momento no existe un pronunciamiento claro de la Alcaldía que despeje las dudas jurídicas y políticas del caso. La situación plantea una pregunta de fondo: ¿se protege el orden o se vulnera el derecho al trabajo de una campesina humilde en El Agrado del Huila?
