Con un valor total de $2.670 millones, el nuevo convenio entre el Ministerio de Cultura, la Gobernación del Huila y el Municipio de Gigante busca avanzar en la segunda fase de restauración del Templo San Antonio, una joya patrimonial que llevaba años esperando intervención.
Cada entidad aportará $890 millones, un equilibrio financiero que, más allá del impacto cultural, representa para el mandatario un golpe de aire fresco en medio del desgaste político que ha caracterizado su gobierno.
Gestión
El alcalde Josué Manrique Murcia, cuestionado por decisiones administrativas y tensiones con sectores sociales, presenta este logro como muestra de su “articulación interinstitucional” y compromiso con el bienestar colectivo. Sin embargo, analistas locales advierten que este tipo de convenios suelen ser más simbólicos que estructurales, y que su administración aún tiene deudas en temas sensibles como infraestructura, seguridad y transparencia.
La restauración del templo aunque necesaria no logra borrar la percepción de distancia entre la Alcaldía y la comunidad. “Más allá de los contratos, Gigante necesita gestión social real”, señaló un líder barrial consultado.
Para algunos, el proyecto podría convertirse en la metáfora del propio alcalde: una figura institucional que busca restaurarse ante la opinión pública.
Mientras los recursos comienzan a ejecutarse, la ciudadanía observa con cautela si esta vez el discurso de “bienestar colectivo” trasciende el papel y se convierte en acción tangible. Porque en Gigante, más que fe, hace falta credibilidad.
